Urge que el secretario de Vivienda informe sobre las expropiaciones

Columnas martes 10 de febrero de 2026 -

Morena prometió que no habría abusos contra la propiedad de las familias; hoy vemos una realidad que se contrapone con los discursos: para el Gobierno de Clara Brugada quitarle su patrimonio a la gente sin explicar, sin informar y sin rendir cuentas… es algo normal.

En los últimos días, hemos conocido información pública preocupante: el Gobierno de la Ciudad ha iniciado alrededor de 800 procedimientos de expropiación de inmuebles en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Azcapotzalco.

No solo estamos hablando de cientos de propiedades. También estamos hablando de personas, de familias, de pequeños propietarios, de patrimonios construidos durante toda una vida y que de un día a otro, el Gobierno llega y lo toma.

Frente a una cifra de esta magnitud, lo mínimo que merece la ciudadanía es transparencia, información clara y respeto absoluto al debido proceso.

Qué ironía que se tenga que venir a pedir transparencia a un gobierno que se dice del pueblo, que se dice democrático.

Quiero dejarlo muy claro, no estamos en contra de la vivienda social.

Sabemos que la Ciudad enfrenta una grave crisis de acceso a la vivienda.

Pero una cosa es impulsar políticas públicas para vivienda, y otra muy distinta es hacerlo a costa de la opacidad, la improvisación o la posible violación de derechos fundamentales.

La propiedad privada es un derecho humano reconocido en tratados internacionales y en nuestra Constitución. La propia Constitución establece que las expropiaciones solo pueden realizarse por causa de utilidad pública, mediante procedimientos legales, y con una indemnización justa.

Las expropiaciones no pueden utilizarse para cumplir promesas de campaña o con fines electorales.

Esto no es un favor del gobierno. Es una obligación constitucional.

Por eso el Secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, debe informar a los ciudadanos.

¿Cuántos inmuebles están actualmente en proceso de expropiación?

¿En qué etapa se encuentra cada uno de esos procedimientos?

¿Se ha respetado el derecho de audiencia de los propietarios?

¿Se han realizado avalúos justos e independientes?

¿Se ha garantizado una indemnización adecuada?

¿Y cuáles son los criterios técnicos y sociales para definir qué predios se expropian? y cuáles no?

La Secretaría de Vivienda no cuenta con un portal claro y funcional donde cualquier ciudadano pueda consultar estos procesos. Ni siquiera existe información accesible y sistematizada sobre los procedimientos de expropiación.

Esto es inaceptable.

No puede haber expropiaciones masivas sin transparencia.

No puede haber decisiones que afectan el patrimonio de las personas sin rendición de cuentas.

Y no puede haber discrecionalidad cuando se trata de un acto tan delicado como quitarle a alguien su propiedad.

Estos procedimientos no pueden conviertirse en espacios de abuso, corrupción o uso político.

Porque cuando hay opacidad, cuando no hay reglas claras, cuando no hay información pública, se abren las puertas a la arbitrariedad.

Y eso no lo podemos permitir.

El Secretario de Vivienda debe explicar, aclarar, y garantizar que ningún ciudadano está siendo afectado de manera irregular.

Es necesaria defender el derecho a la vivienda, sí, pero también hay que defender con la misma fuerza el derecho a la propiedad privada, la legalidad, y la seguridad jurídica.

Porque una ciudad justa no se construye con atropellos. Se construye con reglas claras, con transparencia y con respeto a los derechos de las personas.