Usurpadores peruanos contra Claudia

Cuando el gobierno golpista de Perú, encabezado por Dina Boluarte, se enteró de que el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyaba al destituido, por un golpe de Estado blando, Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, los golpistas anunciaron la ruptura de relaciones diplomáticas con México. La ingenuidad de algunos mexicanos y de la oposición consideró que se iniciaba un rechazo mundial a la política de México.

Nada más lejano a la realidad y era imposible que un gobierno espurio como el que todavía prevalece en Perú, no se sintiera agredido por un gobierno electo democráticamente. De ahí su distanciamiento, el resto de la comunidad internacional no comulgaba con ña postura de los usurpadores, al contrario, mantiene excelentes relaciones con México, lugar que ven como una de las mejores alternativas de inversión.

Ahora, en el Congreso de ese país el partido de ultraderecha Renovación Popular, exigió al gobierno peruano declarar persona non grata a la presidenta de México, debido a que expresara su respaldo a la defensa legal del exjefe de Estado peruano, Pedro Castillo, acusado injustamente de intentar un golpe de Estado en diciembre de 2022.

Sería preocupante que un gobierno como el de Perú, que ha matado a más de medio centenar de miembros de los pueblos originaros en las movilizaciones sociales en las clases, por su tendencia a la represión. La actual presidenta, Dina Boluarte nunca ha tenido un voto a su favor para ese cargo y su imposición como la de monarcas del medioevo; por la gracia de Dios y la desgracia del pueblo.

Para los congresistas de la ultraderecha las declaraciones de Claudia Sheinbaum vulneran la soberanía de Perú, como si ellos no vulneraran las libertades y, por lo tanto, la soberanía de su país, parte esencial de la soberanía se asienta en el pueblo.

Organismos en defensa de los derechos humanos muestran su preocupación por los más de 60 muertos, 1,400 heridos y 700 detenidos en las marchas de protestas contra la usurpación de Dina Boluarte.

Al cumplirse dos años de la primera muerte durante las protestas de 2022 y 2023 en Perú, organismos internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos–WOLA, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos – FIDH emitieron un pronunciamiento contra el gobierno de Perú, al que califican de represivo y violador de los derechos elementales de los peruanos, principalmente los miembros de los pueblos originarios.

Más de 40 por ciento de la población de Perú es indígena, blanco de los fusiles y las macanas de sus policías. Ante esta realidad no es raro que quieran denominar a la Presidenta de México, persona non grata, por defender los derechos del presidente Pedro Castillo, electo democráticamente.