Columnas
El primero de diciembre marca un hito para los derechos humanos en México, particularmente en la capital del país que gobierna Clara Brugada, con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF). Este cambio deroga las figuras de tutela y otras restricciones a la capacidad jurídica, y reconoce el derecho de todas las personas adultas, incluidas aquellas con discapacidad, a decidir por sí mismas.
La figura de tutela representó durante años una limitación a la autonomía de miles de personas, justificándose bajo la idea de “proteger” a quienes se consideraban incapaces de tomar decisiones. Este paradigma no sólo fue paternalista, sino que perpetuó prácticas discriminatorias al negar el ejercicio pleno de derechos a personas con discapacidad o mayores en situación de vulnerabilidad.
Este nuevo instrumento jurídico introduce los apoyos ordinarios y extraordinarios como mecanismos que respetan la voluntad y preferencias de las personas. Mientras que los apoyos ordinarios permiten designar a un facilitador para ayudar en procesos específicos, el apoyo extraordinario es reservado para casos excepcionales, siempre con salvaguardias estrictas para evitar abusos.
La reforma establece también la designación anticipada de apoyos, un avance significativo que asegura la autonomía de las personas incluso en momentos futuros de vulnerabilidad. Al realizarse ante notario público, esta figura brinda certeza jurídica y protege tanto a quien recibe el apoyo como a las partes involucradas en las transacciones legales.
Estas medidas se complementan con salvaguardias que invalidan actos fraudulentos o realizados sin diligencia, responsabilizando a quienes actúen de manera dolosa. La reforma no solo protege a las personas con discapacidad, sino que envía un mensaje claro sobre la importancia de garantizar la transparencia y la responsabilidad en el uso de estos nuevos mecanismos.
El caso de Ricardo Adair, quien hace más de una década desafió el sistema de tutela ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resalta el largo camino recorrido para llegar a este momento. Sus palabras sobre el derecho universal a tomar decisiones son hoy más relevantes que nunca y resumen el espíritu de estas reformas: “La capacidad de determinar quiénes somos no debe depender de la inteligencia”.
Sin embargo, aún quedan retos importantes. Aunque la ciudad que hoy gobierna Brugada Molina ha dado este primer paso, 31 entidades del país no han armonizado su marco legal con las nuevas disposiciones legales. Esto genera un vacío jurídico que podría mantener en situación de vulnerabilidad a miles de personas adultas en otros rincones del país.
El Congreso capitalino y el Tribunal Superior de Justicia enfrentan ahora la tarea de implementar de manera efectiva estas reformas. Difundir información entre la ciudadanía, capacitar a jueces y actualizar los planes de estudio en las escuelas de derecho son pasos fundamentales para garantizar el éxito de este cambio.
La reforma que ahora es ley en la Ciudad de México no es solo un triunfo jurídico, sino un avance cultural hacia el reconocimiento pleno de la dignidad humana. Es un paso hacia un México más justo e incluyente, donde todas las personas, sin importar sus circunstancias, puedan decidir sobre su vida.
Punto Cero
En la víspera, María Eugenia Judith Aceves Anta perdió la batalla contra un cáncer muy agresivo; la profesionista compartió sus conocimientos a favor de innumerables generaciones de estudiantes del país; y nos deja como legado, un amplio espectro de amor, fortaleza y dedicación. Que la familia Aceves obtenga una pronta resignación. Descanse en paz.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017