La delincuencia en México es una realidad que golpea todos los días a millones de personas, dejando tras de sí un costo humano, social y económico de enormes proporciones. Los datos de la ENVIPE, entre 2014 y 2023 permiten dimensionar esa magnitud: cada año se registraron en promedio 30.4 millones de delitos, con un repunte en 2023 que alcanzó los 31.2 millones. Esto significa que prácticamente una quinta parte de la población adulta del país sufrió algún delito en ese año, lo que se traduce en más de 22 millones de víctimas anuales.
Una gran proporción de las víctimas estuvo presente al momento en que se cometió el delito: casi 17 millones de personas cada año. Y dentro de ellas, cerca de tres millones sufrieron daños físicos, siendo 2023 el año más crítico, con 3.4 millones de víctimas lesionadas. Se trata de vidas marcadas por la pérdida de patrimonio, pero también por el miedo, por heridas reales en el cuerpo y en la memoria.
Hay además un dato inquietante que rompe con la idea tradicional del “delincuente anónimo”: en uno de cada cinco casos, el agresor fue alguien cercano a la víctima, ya sea un familiar, un vecino, un compañero de trabajo o alguien del entorno inmediato. En 2022, esa proporción llegó a uno de cada cuatro delitos. Este fenómeno resulta devastador porque erosiona la confianza básica que sostiene la vida comunitaria. La violencia no solo viene de la calle oscura o del desconocido armado, sino que se infiltra en los vínculos más próximos, convirtiendo la cercanía en una fuente de amenaza.
El costo económico es igualmente apabullante, pues cada víctima reporta, en promedio, una pérdida de alrededor de 7,768 pesos al año como consecuencia del delito; en el agregado, la suma es tremenda: 2.8 billones de pesos perdidos, entre 2014 y 2023, como consecuencia directa de los daños ocasionados por los criminales. Esto significa que, además del sufrimiento personal, millones de hogares deben enfrentar gastos para reponer bienes robados, atender lesiones, invertir en medidas de seguridad o simplemente absorber el impacto de lo perdido. Es igualmente revelador que no existe correlación entre el número de víctimas y el costo económico generado en los estados de la República; en efecto, hay entidades con altos niveles de victimización que no necesariamente reportan los mayores daños materiales, y viceversa.
La conclusión es clara: el delito en México es un fenómeno que penetra hasta el núcleo de la vida social. Cada año, millones de personas ven alterada su cotidianidad, sus relaciones de confianza y su patrimonio. Esta “normalización” ha generado una sociedad habituada al riesgo, desconfiada y fragmentada, donde la impunidad se convierte en el mayor catalizador de la violencia. El costo es inmenso, pues se mide sobre todo en biografías truncadas, comunidades erosionadas y recursos económicos que jamás se recuperan. El reto, por lo tanto, está en reconstruir la confianza, devolver la centralidad a las víctimas y recuperar el pacto social que la violencia ha puesto en entredicho.
Investigador del PUED-UNAM