Violencia, mortalidad y política social en México

Columnas miércoles 26 de noviembre de 2025 -

La tercera década del siglo XXI encuentra a México atravesado por una normalización de la violencia que ha reconfigurado todas las dimensiones de la vida social. Pese a ello, las políticas sociales vigentes continúan operando bajo el supuesto -explícito o tácito- de una sociedad pacificada, donde la principal tarea del Estado es transferir recursos a individuos aislados, antes que reconstruir comunidades devastadas por la violencia extrema y por sus efectos acumulativos. Esta disonancia entre realidad y política pública expresa una continuidad profunda con la racionalidad neoliberal: se amplían montos y padrones, pero se mantiene intacto el principio estructurante de convertir al sujeto en consumidor y no en ciudadano situado dentro de redes de cuidados, protección y comunidad.

Los datos oficiales más recientes muestran la magnitud del problema. En 2024 se registraron 819,672 defunciones en México, de las cuales 85,282 fueron por causas externas —accidentes, homicidios y suicidios—, es decir, el 10.4 % de toda la mortalidad nacional. Las muertes por homicidio ascendieron a 33,550, con una tasa de 25.8 por cada 100 mil habitantes -superior a la de 2023-.

Las muertes por suicidio llegaron a 9,051, con tasas críticas en entidades como Yucatán (14 por 100 mil) o Chihuahua (14.2 por 100 mil). A ello se suman 39,919 muertes accidentales, de las cuales 42.8 % correspondieron a accidentes de transporte, altamente concentrados en personas jóvenes y adultos en edad productiva.

Desde el 2006, México acumula casi medio millón de personas asesinadas y más de 100 mil personas desaparecidas. Esta violencia deja tras de sí una estela estructural que no suele ser nombrada en el discurso gubernamental: más de 400 mil niñas, niños y adolescentes huérfanos, cuyas vidas quedan marcadas por la ruptura de sus vínculos primarios, la precarización emocional y económica, y una exposición crónica a nuevas formas de violencia.

Frente a esta catástrofe humana, la política social se ha reconfigurado más en su dimensión cuantitativa que en su diseño conceptual. El aumento de transferencias monetarias universales no modifica el supuesto fundamental heredado del neoliberalismo: pensar la pobreza como privación individual, corregible mediante ingresos, sin atender el daño colectivo, comunitario e institucional que produce la violencia. Asistimos así a un Estado que redistribuye recursos, pero no redistribuye poder, cuidado ni seguridad.

Esta desvinculación entre política social y violencia revela un problema más profundo: la fragmentación del cuerpo social y la reducción del sujeto a una unidad económico-administrativa. La violencia es un fenómeno estructurante que erosiona la confianza, desmonta el tejido comunitario, genera subjetividades del miedo y del duelo permanente, y reproduce desigualdades intergeneracionales.

México necesita un viraje civilizatorio: pasar de la lógica de compensación individual a la lógica de protección social integral, donde el cuidado, la prevención de violencias y la reconstrucción comunitaria sean pilares del Estado social del siglo XXI. Sin este giro, las transferencias seguirán siendo paliativos en un país que, desde hace al menos veinte años, vive entre la violencia extrema y la negación institucional de sus consecuencias más profundas.

Investigador del PUED-UNAM