En los primeros días de mayo, después de que se conocería la lista emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los 11 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa y operadores del Cártel de Sinaloa que fueron acusados de narcotráfico, tráfico de fentanilo y posesión de ametralladoras, uno de ellos, el general Gerardo Mérida Sanchez, sabedor de sus fechorías, inició el proceso para alcanzar la figura de testigo protegido del gobierno estadounidense.
El general del ejército mexicano, Mérida Sanchez, es uno de los nombres que destacan de los señalados como colaboradores y facilitadores del narcotráfico, decidió entregarse a las autoridades judiciales que lo señalaron.
Aún no se sabe qué fue lo que ofreció al gobierno de Donald Trump, sin duda, un acuerdo de reducción de condena, protección para él y su familia, así como el descongelamiento de sus cuentas bancarias.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está reuniendo las piezas de este rompecabezas, una clara labor de inteligencia ha comenzado a dar resultados, los señalados de colaborar con el cartel de Sinaloa han acusado recibo, saben que los buscan y sobre todo conocen sus actividades.
El general Mérida viajó a principio de la semana pasada rumbo a la frontera después de haber iniciado “platicas” con las autoridades que lo acusan y fue entonces que decidió ingresar por la garita de Nogales, Sonora a los Estados Unidos donde ya era esperado por elementos de U.S. Marshals, pasó la noche detenido y el martes fue presentado ante un juez federal en Tucson.
El miércoles mismo fue trasladado a Nueva York donde compareció el viernes por primera vez ante un juez de la corte federal de Manhattan para responder por los cargos por narcotráfico en su contra que presentó la fiscalía estadunidense, por sus presuntos vínculos con la célula de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
Y como hacen todos los presuntos delincuentes que buscan acogerse al programa de testigos protegidos, se declaró no culpable de los delitos de narcotráfico, específicamente por tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y, metanfetamina y dos por posesión y uso de armas de fuego.
Qué tanto está dispuesto el general mexicano a decirle a las autoridades del Departamento de Estado sobre las actividades del gobernador Rocha Moya y los otros 9 señalados, no lo sabemos aún, pero sin duda, debió haber sido lo suficientemente atractivo para considerarlo en el programa de testigos protegidos.
Cabe señalar que el programa federal de protección de testigos se desarrolló para protegerlos de figuras del crimen organizado. Los testigos reciben protección antes, durante y después de los juicios llegando incluso a reubicarlos y crearles nuevas identidades a ellos y a sus familias.
@ncar7