El mexicano enfrenta por segundo año consecutivo una grave recesión económica, los efectos de la inflación sin control y el nulo crecimiento del PIB que afecta directamente su bolsillo, pero también reciente una crisis de seguridad que atenta contra su vida y su patrimonio. La inseguridad es la gran asignatura pendiente de este gobierno.
A propósito del 8M, el 2021 fue aciago para las mujeres, además de ser víctimas de feminicidio -más de mil casos el año pasado-, sufrieron de violencia de género, violencia familiar, lesiones dolosas y trata de personas. El cincuenta por ciento de la población femenil ha experimentado algún tipo de violencia.
El 8 de marzo, cerca de cien mil manifestantes en la CDMX y muchas más en 20 ciudades del país, demandaron justicia para las víctimas y exigieron un alto a la violencia en todas sus expresiones, sobre todo porque se asesina, en promedio, a diez mujeres al día. Las legítimas demandas de las mujeres se toparon con un palacio amurallado y la indiferencia de un presidente antifeminista.
Pero no solo se vive la inseguridad que afecta a las mujeres, hay un clima de incertidumbre generado por el crimen organizado y los casi 115 mil ejecutados en tres años, las más de 95 mil personas desaparecidas, las masacres que no cejan y los desplazamientos forzados de comunidades enteras por la violencia que propician la delincuencia y los grupos políticos que promueven conflictos por la tenencia de la tierra, problemas étnicos o religiosos.
En el más reciente ranking mundial de las 50 ciudades más violentas, 18 son mexicanas y en el top ten, ocho nos pertenecen: Zamora, Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. Completan el cuadro de horror Saint Louis Missouri en Estados Unidos y Kingston, Jamaica. Desde hace tres años, muchas de las localidades más inseguras del orbe son nuestras. La alta incidencia delictiva es producto de la corrupción, la falta de una política pública de seguridad -no funciona la de abrazos y no balazos, la cual solo ha permitido la libertad de asesinar y desaparecer personas-, la violencia generalizada, el narcotráfico y la crisis económica que disparó el costo de la vida, contrajo el poder adquisitivo e incrementó el desempleo.
Por otra parte, la Oficina Nacional de Inteligencia del gobierno de los Estados Unidos detalló en un informe que los cárteles de la droga mexicanos influyeron en los pasados procesos electorales e intimidaron a los políticos -102 de ellos fueron acribillados durante los comicios del 2021-, por lo que la violencia y el empoderamiento de los narcotraficantes, según la agencia norteamericana, es una amenaza para la seguridad nacional de los gringos -cien mil adictos han muerto por sobredosis-, y nos reclaman no solo el paso de las drogas, sino el incremento de la violencia doméstica desde 2018.
Este año tampoco fue bueno para los comunicadores, en sesenta días se atentó contra seis Informadores. El Comité de Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, alertó que México se ha convertido en el país más letal para los reporteros “por la inacción del gobierno que permite la impunidad que alimenta los ataques contra ellos”.
No solo tenemos graves problemas económicos, también la crisis de inseguridad afecta a millones de mexicanos, y mientras el presidente enfrenta un derrumbe de su popularidad que no lo deja trabajar, la seguridad, a más de la mitad de su sexenio, es la gran asignatura pendiente.