La reforma que sí va: entre mayorías legítimas y riesgos democráticos

Columnas jueves 07 de agosto de 2025 -

Desde su llegada al poder, la Cuarta Transformación ha colocado entre sus prioridades una reforma electoral que, más que técnica, se ha vuelto profundamente simbólica. El debate en torno a ella se ha caracterizado por la contraposición de posturas extremas: mantener el modelo actual o desaparecer al INE.

Si nada atenta más contra el espíritu democrático que pensar que lo logrado no se puede mejorar, la pregunta es: ¿qué deberíamos mejorar? Mi diagnóstico es claro: aunque se ha construido un sistema electoral altamente institucionalizado, persiste una crisis de confianza en las instituciones políticas. Todos los actores tienen responsabilidad: una ciudadanía que no ha internalizado en su cotidianidad los valores democráticos; actores políticos con incentivos para desconocer la norma si eso les permite ganar; una autoridad electoral que ha diseñado procedimientos con vicios ocultos; y una educación cívica anacrónica, orientada a formar electorado y no ciudadanía.

Con una mayoría legislativa amplia, la posibilidad de una reforma electoral regresa al centro del debate. El contexto es distinto: las condiciones permiten avanzar sin negociaciones amplias entre fuerzas políticas. En este escenario, hay temas que deben ponerse en el centro. Uno es el fortalecimiento de la autonomía e independencia de los Organismos Públicos Locales, reconociendo que no todas las realidades institucionales son iguales. Volver al federalismo implica garantizar capacidades diferenciadas.

También mejorar procesos clave como la selección de consejeras y consejeros electorales, blindando cada etapa de los intereses de los partidos políticos que no han logrado entender que su incidencia en los nombramientos es lo que ha forjado instituciones parciales, decisiones sesgadas, debilitado la confianza pública y distorsionado la imparcialidad que debería regir a los órganos electorales.

Se requiere combatir el dispendio de recursos con una ética pública fundada en la convicción democrática y en la responsabilidad frente a lo público. Las campañas de educación cívica deben dejar de ser genéricas y adaptarse a la diversidad territorial del país. Asimismo, urge transitar hacia centros de votación y al uso generalizado del voto electrónico: existen condiciones para dar ese paso. Pero sobre todo, debe preservarse la imparcialidad del árbitro electoral: entre menos se habla de él, más limpio es el juego.

Con estos elementos en el tablero, la reforma no llega en blanco: carga con expectativas legítimas y temores fundados. Uno de los desafíos centrales es reciudadanizar al INE, es decir, ampliar la participación y la voz ciudadana en su funcionamiento. Esto no implica politizar la técnica, sino reafirmar su carácter autónomo, con legitimidad social, cercanía territorial y compromiso con un México plural. En un contexto donde la democracia requiere renovarse sin retroceder, este principio puede marcar la brújula ética e institucional de una reforma con visión de futuro.

X: @carrerabarroso