Los desaparecidos

Columnas miércoles 13 de mayo de 2026 -

El calvario de Paola comenzó antes de qué naciera su único hijo, cuando se enamoró de un militar en Tierra Caliente, Guerrero. En meses, “el guacho” desapareció sin dejar pista; la Sedena lo dio de baja al considerarlo “desertor”, pese a la denuncia ante el ministerio público.

Su joven hijo Ángel, con 18 años encima, decidió dejar a Paola, abandonó los estudios y se enfiló hacia los Estados Unidos para intentar mandarle dólares a su madre, ante la presencia de narcos que se asumían del Cártel de los Beltrán Leyva; Los Ardillos, que fundó el ex policía rural Celso Ortega Rosas, alias "La Ardilla"; y que sembraban, empaquetaban y enviaban opio y amapola para “el norte”.

A días de su salida desde la montaña de Guerrero, el joven Ángel dejó de reportarse con Paola en territorio de Tamaulipas; como pudo, su madre visitó la entidad durante estos últimos 12 años. En su peregrinar tocó diferentes puertas, presentó la denuncia por desaparición, visitó hospitales, hostales, iglesias, organizaciones y el Servicio médico forense.

Tras meses de visitas a los mismos lugares, ahí, en el “médico forense”, en abril pasado, recuperó los restos de Ángel; estuvieron por más de diez años en el mismo lugar, pero la burocracia limitó la acción ante la impericia de comprobar las muestras genéticas de ella con su hijo.

La vida de Paola avanzó, trae la pérdida del padre, el sargento, además la de su propio hijo que finalmente encontró, y en su espalda, más de 70 años, la vida se le fue en un tris.

El informe presentado en la víspera por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) colocó nuevamente a México frente al espejo de Paola. El documento reconoce avances institucionales, pero también advierte una realidad devastadora, más de 128 mil personas desaparecidas y cerca de 70 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo estatal; entre ellos, se hilvana la historia de Paola, Ángel y “el guacho”.

La dimensión de este problema rebasa cualquier cálculo político; en ningún país del continente se registran cifras semejantes; en este sentido, la relatora para México, Roberta Clarke Pochak, me dejó claro que, "la crisis mexicana ocupa una dimensión excepcional".

Pero, el señalamiento más delicado aparece en otro punto, la aquiescencia de autoridades con grupos criminales. La palabra no resulta menor, en términos jurídicos implica tolerancia, permisividad o colaboración indirecta del aparato público frente a delitos graves.

Como en la experiencia de Paola, que inició en aquel lejano 2014, en el Guerrero de Ángel Aguirre Rivero; y en el Tamaulipas de Egidio Torre Cantú, perredista y priista, respectivamente; pero que gobernaba desde Palacio Nacional, Enrique Peña Nieto.

La crisis exhibe el abandono institucional hacia miles de familias que sobreviven entre fosas, expedientes inconclusos y promesas oficiales, quizá enraizado desde el gobierno de Vicente Fox, al pasar a la década de los años dos mil.

Esta dura situación abre una posibilidad política distinta, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo recibe el informe bajo un tono institucional mucho más receptivo que el observado en administraciones anteriores. Ese trato más cuidadoso y menos confrontativo se convierte en un punto de inflexión.

Porque al final, el verdadero juicio histórico no recaerá únicamente sobre los gobiernos que permitieron esta tragedia, sino sobre la generación política que tuvo la oportunidad de enfrentarla con humanidad, verdad y justicia.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017