Once meses después del fatal incendio que cobró la vida de 40 personas y dejó a 27 más heridas en la Estación Migratoria de Lerdo-Stanton en Ciudad Juárez, el Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento del Senado de la República se reunió con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para evaluar los avances y desafíos en la atención de este lamentable suceso.
El senador Rafael Espino de la Peña, presidente del Grupo de Trabajo, resaltó la importancia de dar seguimiento a los mecanismos de protección de los derechos humanos de los migrantes y expresó la necesidad de analizar las irregularidades en los procesos penales de las personas involucradas en estos trágicos acontecimientos.
Durante la reunión, representantes de la CNDH informaron sobre los avances en las investigaciones, destacando las medidas cautelares implementadas para la atención de los afectados en hospitales públicos y privados. Se reconocieron violaciones a los derechos humanos de 90 personas vinculadas al incidente.
El secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa, hizo referencia a la recomendación 11VG/2023 dirigida a las Secretarías de Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE) e Instituto Nacional de Migración (INM). Se subrayaron las medidas cautelares para garantizar atención médica y se detallaron las nacionalidades de las víctimas: 28 de Guatemala, 14 de Honduras, 12 de El Salvador, 12 de Venezuela y una de Colombia.
Cecilia Velasco Aguirre, Coordinadora General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la CNDH, analizó el cumplimiento parcial de las recomendaciones por parte de las dependencias mencionadas, aunque destacó que las familias de los fallecidos han recibido compensaciones.
La senadora Gabriela Benavides Cobos reconoció el papel crucial de la CNDH como enlace entre las víctimas y las autoridades, pero instó a lograr sanciones para los responsables y señaló la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
La senadora Martha Márquez Alvarado consideró urgente la emisión de un informe detallado por parte de los legisladores para presionar a las autoridades a reaccionar y evitar futuras tragedias. Mientras que el senador Antonio García Conejo criticó la falta de sensibilidad de la CNDH ante el incendio, calificándolo como un posible "crimen de Estado".
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria destacó la falta de insistencia en la gravedad de las violaciones a los derechos humanos sufridas por los familiares de las víctimas y señaló la normalización inaceptable de estos hechos en el informe de la CNDH, una organización destinada a defender a las víctimas.