Un Ejército de paz en México

Columnas jueves 18 de agosto de 2022 -

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es óptima, a partir de la idea de que, las Fuerzas Armadas realizan acciones para mantener la paz.

Serán los trabajos al interior del Congreso de la Unión que definan modificar el marco legal, pero el presidente López Obrador advirtió que, de no resolverse el tema, lo pondrá en manos de los integrantes del Poder Judicial.

La ruta que vislumbra López Obrador rebasas los calificativos que lo sitúan como un dictador. Sólo por presentar un ejemplo, Felipe Calderón ordenó –sin consultar su decisión a ningún Poder-- una “guerra” que resultó muy dolorosa y sangrienta para el país.

Los integrantes de las Fuerzas Armadas respondieron a la orden y trataron de aniquilar al enemigo, violando, por su entonces naturaleza de fuerza bruta, las garantías de miles de civiles inocentes.

Hoy, hay que reconocer, la administración federal mantiene a los mismos integrantes de las fuerzas armadas, pero dentro de un marco legal que respalda su presencia en las calles, con la debida coordinación y formación en materia de respeto a los derechos humanos.

De manera sencilla, hay más de 200 mil uniformados que realizan acciones para ayudar a la población en casos de emergencia o desastre; edifican hospitales, bancos del Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional; o lo mismo, distribuyen medicinas o libros de texto.

En pocas palabras, atienden de manera directa a la población más vulnerable del país, incluso en emergencias, como la que se vive en la mina “El Pinabete” en Sabinas, Coahuila, para rescatar a diez mineros atrapados en un socavón que se inundó.

Pretender incluir a sus filas otros 100 mil uniformados de la Guardia Nacional, una corporación policial con perspectiva civil suena práctico, porque se intenta, según el mandatario ha dicho de manera pública, evitar que otro Genaro García Luna llegue a pervertir el trabajo de miles, quizá millones, de mexicanos.

¿Por qué negarse a que unos 300 mil funcionarios públicos uniformados estén a disposición de las necesidades de la población civil en tiempos de paz?, recordemos el periplo de Michelle Bachelet en Chile, que fungió como titular de las fuerzas armadas de su país y hoy dirige la oficina que vela por el respeto a las garantías individuales en la ONU.

Tengo la impresión que hoy, México tiene un lugar en la historia –como el que vivió Costa Rica al abolir sus fuerzas armadas— como puntero en materia de respeto a los derechos humanos y seguridad interna.

*Punto Cero*

Que las organizaciones “Bloque Urbano Popular” y “Hogar y Libertad para Todos”, dirigidas por Gabriel Mayorga Basurto, han rebasado la línea de la corrupción al intentar despojar a dos adultos mayores de su legítima propiedad con presuntos actos de corrupción.

Un largo litigio presentado en 2017, por la propiedad del inmueble ubicado en la avenida Central 242, en la colonia Prohogar de la alcaldía Azcapotzalco, continúa sin veredicto final a pesar de que el abogado Jorge Cruz Elizalde ha demostrado que sus clientes tienen la legítima calidad de dueños.

El litigante afirmó que, dichas organizaciones mantienen un vínculo con René Bejarano (el señor de las ligas) y su esposa Dolores Padierna, por lo que, ante presuntos actos corruptos al interior del circuito judicial, invocará el respaldo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por atropellos como despojo, robo y amenazas consolidadas en diferentes carpetas de investigación.

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