BALCÓN PÚBLICO

En los pasillos del poder de Aguascalientes está creciendo el tema de la denuncia contra Óscar Fernando González Martínez, quien fuera director general y propietario de la agencia automotriz López y González, segundo distribuidor de Nissan a nivel nacional, encarcelado y despojado de su patrimonio, nos dicen que por cuestiones políticas durante la administración del gobernador, Martín Orozco Sandoval.

Sobre este tema, la abogada defensora de González Martínez, Jenny Marlene Hernández Rodríguez, señaló que efectivamente dentro de las carpetas de investigación Hugo Castañón integró fotografías de éste con el ex mandatario, así como audios de llamadas y reuniones sostenidas con la familia, en las que aseguró actuar bajo la conducción de quien recientemente dejó el poder ejecutivo del Estado de Aguascalientes.

“Ese supuesto influyentismo no ha tenido límites, ya que se ejerció, incluso y por si fuera poco, amenazas y violencia de género en mi contra. Hecho por el que seguimos luchando las mujeres”, ha declarado la abogada.

El empresario quedó privado de su libertad el 19 de marzo del 2020, bajo una serie de mentiras, violaciones a sus derechos fundamentales y mala fe por parte del Ministerio Público del Estado, Fernando Adolfo Padilla García, ya que este le aseguró al empresario, por escrito, no ser imputado en “la investigación", negando siempre audiencia y acceso a la justicia. Sin embargo, al justificar las órdenes de aprehensión mintió a la jueza al asegurar que mi representado se encontraba “desaparecido”.

Además de privarlo de su libertad, al empresario se le realizó un embargo precautorio de bienes, pero no sólo en su contra, sino también en contra de sus hijos. El detrimento patrimonial abarca su empresa y el predio en donde se encontraba ésta, perdieron su patrimonio en solo dos años, en contra de lo que dice el artículo 22 constitucional, respecto a que la “pena no debe ser trascendental”. La pena no puede trascender más allá de la persona que probablemente cometió el hecho delictivo y aquí estamos hablando de que jueces de control que tienen la obligación de garantizar y velar por los derechos humanos de las personas accedieron a generar embargos de bienes tanto de mi cliente, así como de sus hijos”, aclaró la penalista Jenny Hernández.

Actualmente, existe un amparo en donde se han hecho valer todas las violaciones procesales del caso, precisó la abogada Hernández Rodríguez, “pedimos y tenemos confianza en que se haga un análisis exhaustivo y de fondo de todo este asunto. Poner fin a este alarde de tráfico de influencias”

Este caso ha detonado las críticas contra la administración y procuración de justicia ya que se dice que, en Aguascalientes, porque los propios jueces han calificado de legal las actuaciones tanto del Ministerio Público, sin que exista un debido proceso.

Por lo que la familia del empresario y la defensora solicitarán al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atraer el amparo que ha sido tramitado.