El derecho a la información y libertad de prensa

Columnas jueves 20 de enero de 2022 -

Ante el asesinato de dos periodistas en lo que va del año, —el foto reportero independiente Margarito Martínez en la ciudad de Tijuana, y del reportero José Luis Gamboa, en Veracruz— sobresale una iniciativa de reforma en el Congreso de la Unión.

La propuesta parlamentaria, impulsada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ubicada en la congeladora de la Cámara de Diputados desde 2018, propone incluir en la Ley del Trabajo una cláusula “de conciencia”.

La idea es que, quien ejerza la profesión “con dignidad y ética informativa tenga garantizada las prestaciones básicas laborales”. Para cumplir con sus funciones democráticas, los periodistas necesitan seguridad laboral, social y política, independencia económica e ideológica y un contexto libre de presiones y amenazas”.

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la “cláusula de conciencia” como una disposición que autoriza al periodista, en caso de cambio de orientación en la línea del periódico, a dimitir sin previo aviso, o con un aviso previo mínimo, sin perder por ello el derecho a una indemnización”, expresa.

El organismo, que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifiesta que una vía menos drástica en sus consecuencias para invocar la cláusula de conciencia consiste, no en la rescisión del contrato, sino “sólo en la negativa del comunicador en tres sentidos.

“Realizar una orden de trabajo, si ésta implica que se infrinjan las normas legales o deontológicas del propio medio; a retirar su firma de algún material hecho por él, si éste ha sido modificado por sus superiores, y a desarrollar quehaceres o firmar contenidos periodísticos que vayan en sentido contrario a su conciencia o que vulneren su dignidad profesional”, expone.

Cuando los colegas mantengan información sobre una situación vulnerable ante los requerimientos del medio de comunicación, “porque de manera directa podrían evitar una agresión, cuando se pretendiera obligarlos a elaborar un trabajo contrario a su seguridad o principios éticos”.

Se plantea, también una definición de “periodista” dentro de la Ley Federal del Trabajo”, para que las autoridades mexicanas, con la finalidad de que el ejercicio sea reconocido como una aportación en defensa de derechos humanos, como un trabajo especial y, por ende, también con garantía a sus derechos laborales.

“Al obtener seguridad integral, abarcando la laboral, estaríamos contribuyendo hacia un desarrollo óptimo, con el cual podremos acceder a una información de calidad, lo que abonaría para la construcción de una sociedad más participativa, comprometida, crítica y segura”, advierte.

Sin duda, se abre un debate que involucra al Estado mexicano, organizaciones de derechos humanos, instituciones como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, Seguridad Pública, congresos locales, universidades, académicos y de los propios periodistas.

Apenas este miércoles, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), organización no gubernamental de protección a la prensa con sede en Nueva York, afirmó que tras los recientes asesinatos, México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo.

De estar vigente esta reforma, quizá los colegas Margarito Martínez y José Luis Gamboa estarían con vida, ya que no hubieran requerido buscar a distintos empleadores ante los raquíticos beneficios económicos y laborales en que se desarrollaban al momento de ser asesinados en la víspera.

Punto Cero

En menos de una década, cuatro gigantes tecnológicos -Microsoft; Alphabet, la empresa matriz de Google; Meta (antes Facebook); y Amazon- se han convertido en los usuarios dominantes de la capacidad de cable submarino. Antes de 2012, la proporción era inferior al 10 por ciento. Hoy, es de 66 por ciento.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

respondió que la acusación es "infundada".