Uno de los trabajos pendientes en el Congreso de la Unión y que deberán desahogar de manera urgente es el de trazar una política pública para evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos y una posible guerra por el agua, así lo advierten expertos y colectivos de la sociedad civil.
De continuar esta tendencia, habría un riesgo para garantizar que el líquido llegue a los más de 119 millones de habitantes en el país, en especial para los 60 millones que se abastecen de los 105 acuíferos sobre explotados en todo el país, advierte un estudio del Congreso de la Unión.
El documento da cuenta que son 17 entidades las que en la actualidad viven la escasees del líquido, que usan para actividades vitales de consumo humano y, comerciales, como la agricultura y ganadería, entre las que resaltan Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
“Es urgente que se garantice el acceso al agua, a su consumo humano, tal y como el marco internacional recomienda, al mismo instrumento del que México está suscrito a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de no hacerlo podríamos vivir en los próximos años una verdadera guerra por obtener el líquido”, menciona.
En la administración anterior, de Enrique Peña Nieto, se modificó el “estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, —que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación— y eliminó la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en las cuencas.
En aquella ocasión se realizó tal modificación con el pretexto de que servirían para establecer “reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años”, pero mintieron.
“Si bien los Decretos de manera directa no privatizan el agua de las cuencas mencionadas, con esta modificación legal se abre la posibilidad para que sea concesionada y, con ello, negar el derecho al agua a cientos de comunidades y millones de mexicanos”, advierte el documento a las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.
En este sentido, el abogado Juan Manuel Mancera, del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” advirtió que el agua es un derecho humano consagrado para todas las personas, “sin discriminación ni excepción, se debe garantizar el acceso a una cantidad de agua potable para uso personal y doméstico a un precio que no ponga en riesgo su economía”.
Recordó que a la fecha, “80 por ciento de los ríos en México presentan algún síntoma de contaminación, y siguen existiendo desastres como el del Río Sonora, esto indica falta de control de las descargas que estamos vertiendo en nuestros cuerpos de agua”.
Explicó que, es un buen momento para discutir y perfilar una modificación al marco jurídico en México para garantizar el acceso del agua para consumo humano, antes de que entremos en una espiral, que ya otros países, como en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, ya se ha vivido.
Punto Cero
Y sobre derechos… tenemos el relativo al acceso a la energía eléctrica. Resulta que en México más de 431 compañías con permisos para generarla, pero sólo dos sobresalen del resto: la CFE y la española Iberdrola. Sin embargo, el gobierno federal ha identificado, entre ellas, a Oxxo, Movistar, Walmart, Grupo Salinas, BBVA Bancomer, Telmex, Telcel, 7-Eleven, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro, entre otras más, en este modelo de generación. Vaya descubrimiento.