¿Estrategia sin violencia para combatir a los cárteles?

El presidente de la república señaló desde el inicio de la administración que impulsaría una política de seguridad que atendiera las “causas profundas de la violencia” y la “construcción de la paz”, y que no privilegiaría el enfrentamiento directo contra los grupos criminales. A dos años y medio del inicio del sexenio, se carece de una política clara para el combate en contra de los llamados cárteles. Incluso, algunos académicos sostienen que se pasó de una estrategia violenta y sanguinaria en 2006, hacia un modelo pasivo y timorato en la actualidad.

En este contexto, ¿Existe la posibilidad de conciliar una estrategia de combate a los cárteles con un modelo que no cause violencia? La respuesta es que sí, existe la posibilidad de encontrar un equilibrio en estos aspectos. A continuación se presentan apuntes generales de los elementos que podría contener una estrategia no violenta del gobierno de México, para el combate de los grupos de la delincuencia organizada de mayor envergadura.

La estrategia podría contener, cuando menos, tres ejes rectores: 1) disrupción de sectores relevantes de las redes criminales a partir de la remoción de nodos clave, 2) cortar insumos que generan productos y recursos económicos, e 3) inteligencia financiera y patrimonial.

En el primer eje rector establece que es necesario comprender a las organizaciones delictivas para combatirlas, especialmente desde una lógica de redes, es decir, como estructuras complejas y volátiles. Éstas se componen por sub-redes y nodos clave, que no son necesariamente los líderes sino actores relevantes dentro del andamiaje delictivo.

Estos nodos clave pueden encabezar o integrar sub-redes de lavado de dinero, logística para la compra-venta de drogas, reclutamiento, etc., pueden ser generadores de violencia o personal de confianza con alto acceso a información. Removerlos podría ser fundamental para la disrupción de la red, para causar inestabilidad interna o para obtener datos de inteligencia relevantes.

Es claro después de tantos años de violencia que no es posible establecer estrategias únicas o “recetarios” para grupos con perfiles absolutamente distintos. Por ejemplo, la estrategia de captura y “neutralización” de capos resultó ser a todas luces insuficiente.

El segundo componente de la estrategia tendría que basarse en minar las capacidades de la organización, se trata de cortar parte de los insumos que le dan fortaleza. Tendría que ver, por ejemplo, con aumentar las medidas para evitar el acceso de precursores químicos que permiten la elaboración de nuevas sustancias psicoactivas o drogas sintéticas, como es el caso del fentanilo.

En ese mismo sentido, estaría relacionado con reforzar el acceso en puertos, aeropuertos y fronteras para evitar el flujo de drogas para su comercialización, como el caso de la cocaína proveniente de Sudamérica. También involucraría establecer una estrategia para el control e intercepción de armas de fuego y explosivos en puntos de acceso al país y en carreteras federales.

El tercer componente es sin duda un eje económico-financiero. Durante el actual sexenio se han fortalecido las capacidades de la inteligencia financiera a nivel nacional, con lo que se han logrado congelar cuentas por sumas millonarias a grupos criminales locales y nacionales. Sólo como ejemplo, en marzo de 2021, en Ciudad de México, se congelaron cuentas a redes presuntamente relacionadas con trata de personas que operaban el portal “Zona Divas”.

Este último componente tendría que ir acompañado del fortalecimiento de la figura de extinción de dominio a nivel federal y en las entidades federativas. Ésta se trata de la pérdida de derechos de una persona en relación a determinados bienes (muebles e inmuebles), cuando haya participado en delitos relacionados con delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburos, narcotráfico, trata de personas y robo de vehículos, entre otros. Es una herramienta sumamente potente que ha sido poco aprovechada y debe ser elevada a rango de inteligencia patrimonial.

En suma, se trata del debilitamiento indirecto de los grupos criminales a través de componentes concretos y no de “pegar al avispero” como se criticó en el pasado. No obstante, requiere de voluntad política, coordinación estrecha entre áreas de seguridad y justicia del Estado mexicano, y la formulación e impulso de una estrategia concreta contra los grupos criminales hacia la segunda mitad del sexenio. De continuar sin una política clara, representaría una herencia pesada hacia futuras administraciones y una responsabilidad histórica por la omisión.