¿Legalizar lo ilegal?

Desgraciadamente los considerados métodos de investigación policial no han avanzado lo suficiente, como tampoco lo han hecho las instituciones encargadas de la seguridad, para prescindir de mecanismos ahora considerados ilegales para devolver la confianza a la ciudadanía en materia de justicia.

Para nadie es un secreto que la denuncia anónima (concepto que podríamos traducir como “el pitazo” o al menos incluir a éste como parte de lo que se nos presenta como “resultados de las investigaciones”) suele ser la punta de lanza de las averiguaciones que llevan a la detención, consignación y enjuiciamiento de presuntos autores de hechos delictivos, denuncia que, en muchas ocasiones, se alienta en sitios secretos donde quienes pudiesen tener alguna información son presionados para compartirla con las autoridades.

Los marcos jurídicos vigentes, en concreto la fracción IX apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anulan no solo toda prueba obtenida mediante la violación de los derechos humanos, sino neutralizan un proceso completo por el quebrantamiento de leyes y reglamentos por parte de las autoridades en el desempeño de sus funciones, lo que en su momento fue considerado un avance fundamental en la defensa de los derechos ciudadanos, pues cerraba la puerta a prácticas nugatorias que dominaron la actividad policíaca en México a lo largo de mucho tiempo.

En el propósito de restituir la seguridad y la justicia a los mexicanos, la autoridad debe cumplir la demanda de perseguir, combatir y prevenir el delito sin vulnerar los derechos individuales, pero permitir que en los juzgados vuelvan a tener validez pruebas y testimonios obtenidos mediante métodos ilegales es burlar la segunda parte de esa dualidad.

El combate a la violencia y la impunidad reclama del establecimiento, desarrollo y aplicación de sistemas y mecanismos efectivos de investigación y no de criterios frágiles y subjetivos como los que se pretenden restaurar en el derecho procesal mexicano, donde una vez más el acusado estaría en grave desventaja ante el acusador, pues mientras el primero debería someterse del todo a la ley, el segundo podría violarla impunemente solo para recuperar la confianza ciudadana.

No se trata solo de enfrentar la impunidad que tanto lacera la seguridad y bienestar de las familias, sino de garantizar el acceso igualitario a la justicia. Seguridad y justicia son dos de las más sentidas exigencias de los mexicanos, sí, pero no será “legalizando lo ilegal” como podemos atender esas demandas.