¿Plan B, fruto del rencor?

Desde finales de los años 80, México ha vivido una época de intensa evolución democrática que está fuera de toda duda y discusión. Hace apenas 3 décadas, gran parte de la sociedad mexicana desconfiaba de que en nuestro país pudieran celebrarse elecciones libres, auténticas y democráticas. Hace apenas 3 décadas, la ciudadanía, los partidos de oposición y los actores internacionales, no creían que en México se respetara la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Hace apenas 3 décadas, se veía muy remota la posibilidad de que el país pudiera contar con instituciones electorales autónomas, independientes e imparciales, que aseguraran la certeza, legalidad y legitimidad de los comicios.

Hoy, la democracia es una realidad gracias a la lucha de sucesivas generaciones que abrazaron esta causa; de partidos de oposición y legislador@s que hicieron su trabajo con responsabilidad; pero –sobre todo– gracias a las instituciones electorales que con enormes esfuerzos construimos entre todas y todos. Las nuevas generaciones deben ser conscientes del alto costo social que significó contar con instituciones electorales autónomas e independientes, que garantizaran el pleno goce de sus derechos político-electorales, incluso, mucho tiempo antes de que nacieran.

Por primera vez –en casi 200 años como país independiente–, se crearon las reglas del juego que permitieron la alternancia en todos los niveles de gobierno, incluida la Presidencia de la República -que hoy ocupa un movimiento político que nació formalmente en el 2014-; posibilitando, además, que estos relevos se realizaran en un marco de estabilidad política y paz social.

A pesar de todos estos avances innegables, el grupo en el poder ha impulsado reformas al sistema electoral. Esta pretensión, por una parte, sigue fiel nuestra costumbre constitucional de meter mano a las reglas después de una elección presidencial; sin embargo, por otra, resultan paradójicos tanto el origen como la intención de esa modificación, en tanto que la propuesta la hace quien alcanzó el poder bajo esas reglas que hoy quiere cambiar, y no así la minoría electoral que perdió y es oposición.

Esta historia es añeja, se trata en realidad de la sombra que se cierne sobre la elección presidencial de 2006. A pesar de que han transcurrido casi 20 años de aquella elección, y de que quien se sintió agraviado -con o sin razón, no entro aquí a ese análisis- con su resultado, alcanzó la Presidencia de la República en el proceso de 2018, existe un rencor contra la institución que, se dice desde entonces, cometió fraude en 2006 y arrebató el cargo al hoy Presidente López Obrador.

Como han dado cuenta distintas voces, buena parte del Plan B es, por decirlo coloquialmente, una revancha que impacta en la estructura del INE, mediante un adelgazamiento, recorte o reconfiguración de presupuesto, áreas y procedimientos que, según se ha mencionado, no responden a criterios técnicos, lo que podría afectar las garantías orgánicas y procedimentales que han permitido procesos electorales cuyos resultados han facilitado la alternancia en el poder y proporcionado legitimidad a quienes resultan electos.

Previo a esta modificación, debieron realizarse diagnósticos objetivos sobre las realidades y los desafíos que enfrentamos, y proponer las mejores soluciones a los problemas que tenemos pendientes, pues si lo que se busca es mejorar la calidad de nuestro régimen democrático, ello no se puede alcanzar desde una imposición aritméticamente calculada en el Congreso de la Unión, que está desprovista del diálogo y entendimiento indispensables cuando de reglas electorales, gobernabilidad democrática y sistema electoral se trata.