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Hace ya muchos años, Ferdinad Lasalle se hizo esa pregunta y ha sido a lo largo de siglos, una cuestión relevante en el campo de estudios del Derecho Constitucional y la Ciencia Política.
Una Constitución es un instrumento que establece la estructura, organización y principios básicos de un Estado. Define los poderes y límites del gobierno, así como los derechos induviduales y colectivos, así como los procedimientos necesarios para modificarla.
La Constitución del Estado puede entenderse de dos maneras: 1. Constitución Política o en sentido material: Se refiere a la realidad política y social de un país, es decir, a cómo se ejerce el poder, cómo se organizan las instituciones y a las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Conjunto de decisiones políticas fundamentales que determinan el ser o modo de ser real de un Estado. 2. Constitución como norma jurídica: Es el documento en el que se depositan esas decisiones y por lo tanto se establecen las reglas y principios que rigen la vida política y social de un país.
Carl Schmitt: Distinguió entre la "Constitución" (norma jurídica) y la "constitución política" (realidad política) Por su parte, Hans Kelsen: Consideró que la Constitución es la norma fundamental que establece la validez de todas las demás normas jurídicas. Varios autores han destacado la importancia de la Constitución como instrumento para limitar el poder y proteger los derechos fundamentales.
Reformar la Constitución implica modificar su contenido para adaptarlo a cambios políticos, sociales o económicos. Esto puede permitir actualizar la Constitución para reflejar los cambios en la sociedad
En nuestro país, el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 135 de dicho ordenamiento establece que las reformas constitucionales deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras del Congreso de la auniób, y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
Es importante señalar que el procedimiento de reforma constitucional varía en cada país, pero en muchos casos incluye la figura del referéndum constitucional, para consultar directamente la voluntad popular y dotar de legitimidad democrática los cambios o modificaciones constitucionales de fondo.