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Conflicto por planta de amoniaco en Topolobampo reaviva protestas y debate ambiental en Sinaloa
Nación
La reactivación de las obras de la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, ha generado una nueva ola de protestas por parte de comunidades indígenas mayo-yoreme, pescadores y organizaciones ambientalistas, quienes buscan impedir el avance del proyecto al considerar que representa un riesgo para la Bahía de Ohuira y los ecosistemas de la región. La llegada reciente de maquinaria industrial al puerto sinaloense intensificó las movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del estado.
El proyecto es desarrollado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, y contempla la construcción de una planta capaz de producir alrededor de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco, insumo utilizado principalmente para la elaboración de fertilizantes agrícolas. Sus promotores sostienen que la instalación contribuirá a reducir la dependencia de fertilizantes importados, fortalecerá la producción agrícola nacional y generará empleos e inversión para la región.
Sin embargo, habitantes de comunidades cercanas a la Bahía de Ohuira afirman que la planta podría afectar uno de los ecosistemas más importantes del noroeste del país, caracterizado por su riqueza pesquera, humedales y manglares. Los opositores advierten posibles impactos sobre especies marinas, actividades económicas locales y el patrimonio cultural del pueblo mayo-yoreme, además de señalar riesgos asociados al manejo y transporte de amoniaco.
La controversia se ha prolongado durante más de una década. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó realizar una consulta indígena debido a irregularidades en los permisos originales. Posteriormente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió una nueva autorización ambiental condicionada al cumplimiento de diversas medidas y a la supervisión permanente de las autoridades federales. De acuerdo con la dependencia, la mayoría de las comunidades consultadas respaldó el proyecto, aunque algunas localidades directamente ubicadas en el área de influencia manifestaron su rechazo.
Ante el reinicio de actividades, colectivos ambientalistas han ampliado sus acciones de protesta a otras ciudades del país e incluso han dirigido reclamos a instituciones financieras y empresas extranjeras vinculadas con el proyecto. Mientras tanto, la Semarnat aseguró que mantiene labores de vigilancia ambiental y diálogo con las comunidades para atender las inquietudes relacionadas con la biodiversidad, la pesca y los ecosistemas de la zona.
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RN/CR
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