A mitad del camino…

Recientemente, el Ejecutivo Federal presentó su tercer Informe de Gobierno [https://bit.ly/3oAeppL] al Congreso de la Unión, y en el apartado «Cambio de paradigma en seguridad», destaca como logros la reducción en la incidencia delictiva, de septiembre de 2020 a junio de 2021, en 11 delitos (secuestro 48.8%, robo en transporte público colectivo 44.1%, robo de vehículo 35%, robo de ganado 32.7%, robo a transportista 32.5%, robo a negocio 26.5%, robo a casa habitación 25.2%, robo a transeúnte 23.6%, robo en transporte individual 7.6%, lesiones dolosas 3.7% y homicidio doloso 2.4%). Aclara que en este cambio, las Fuerzas Armadas han sido indispensables, así como la atención de las causas generadoras de la violencia, el trabajo desde lo local, entre otros aspectos.

Por otra parte, el INEGI publicó la «Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021» [https://bit.ly/3oAgKRz]. En ésta hay un dato muy importante y es que a nivel nacional la cifra negra [esto es los delitos que no se denuncian o no se inició una Carpeta de Investigación] aumentó de 92.4% en 2019 a 93.3% en 2020. Así, subió la cifra negra del secuestro a 98.6%, del robo o asalto en calle o transporte público a 94.4%, en las lesiones a 84.4%, por mencionar algunos casos.

En suma, en 2020 se denunció sólo el 10.1% de los delitos, de los cuales, el Ministerio Público inició una Carpeta de Investigación en el 66.9% de los casos y de éstos, no pasó nada o no se continuó con la investigación, en el 48.4%.

Si bien es evidente que cruzar las fechas entre informes no sería lo mejor porque parten de periodos diferentes, no puede dejar de cuestionarse qué papel juega la cifra negra en este tercer informe.

También es importante retomar lo que ha señalado el reporte «Global Organized Crime Index 2021», que elaboró la organización Iniciativa Global contra el crimen organizado trasnacional [https://bit.ly/3ms5Fz2]. Respecto de México afirma que tiene el mercado criminal global más próspero entre 193 países y es el cuarto país más violento del mundo, sólo superado por el Congo, Colombia y Myanmar, este último país controlado por una junta militar desde hace unos meses. Es importante reflexionar sobre esto, sobre todo por los indicadores que considera este estudio, que no necesariamente coinciden con los que presupone el tercer informe de gobierno.

Naturalmente, hay logros muy importantes, pero consideramos que también hay un gran pendiente, si es que queremos que en el 2024 la seguridad pública esté a cargo exclusivamente de los cuerpos civiles. La clave está en que se cumpla a cabalidad con lo que prevé la reforma constitucional de 2019 [https://bit.ly/2ZNg2Wu], para que se dé un total fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales.

Obviar esto se puede traducir en que la seguridad pública continúe en manos de las Fuerzas Armadas, lo que puede generar tensiones con diferentes estándares internacionales en materia de Derechos Humanos (cfr., el Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Creemos que aún podemos salir adelante y lograr un país más seguro y en beneficio mutuo.