AMLO: "No creo que eliminen prisión preventiva oficiosa", en caso contrario Legislativo deberá actuar

Por: Claudia Bolaños

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no cree que los ministros eliminen la prisión preventiva oficiosa porque irían contra la Constitución, pues recordó que esta es solo una facultad del Poder Legislativo.

A unas horas de que inicie la discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el titular del Poder Ejecutivo, hizo uso de su conferencia mañanera, para referirse al tema.

Y advirtió que si la SCJN elimina la prisión preventiva oficiosa, el Poder Legislativo entonces deberá actuar en consecuencia.

“Si se cancela el artículo sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativa, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibro y la separación de poderes, el Legislativo tendría que actuar", adelantó.

En este sentido dijo que con una decisión contraria, entonces la Suprema Corte pasaría a ser el Supremo Poder Conservador.

“No creo, la verdad, que se atrevan porque, pues es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya correspondería al Legislativo y nosotros defendernos para que no nos invadan, porque ya no será la Suprema Corte de Justicia, sino el Supremo Poder Conservador”, dijo

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel aseguró tener confianza en que los ministros analizarán bien el tema.

“También depende de cómo resuelvan, pero no pueden quitar algo que está en la Constitución. Creo que lo van analizar bien y hay que tener confianza”, menciono.

Resalta a que este tema también ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analiza recomendar o no a México suprimir esta figura.

En la audiencia del viernes 26 de agosto, abogados de la Corte Interamericana iniciativa la discusión del caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión preventiva oficiosa por más de 17 años, por su presunta participación en el asesinato en 2001 de María de los Ángeles Tamez Pérez, ex regidora de Atizapán, Estado de México.

Su caso llegó hasta la ONU y por eso fueron liberados en 2017, al reconocerse claras irregularidades, luego de que fueran detenidos en 2002, torturados y sometidos bajo presión psicológica para hacer que uno inculpara al otro.

El tema ahora es analizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el que más ha retenido a dos personas sin sentencia en prisión preventiva, tanto en el país como en el continente entero.