Al juez lo mató la indiferencia

El asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa encendieron, una vez más, las alarmas del peligro que el crimen organizado representa para nuestro Estado de Derecho. Poco se sabe del móvil. Serán teoría del caso e investigación las que arrojen luces sobre ello. Lo innegable, es el sello de la delincuencia organizada en su ejecución.

Ante tan condenable hecho, que se suma a centenares de crímenes contra operadores del sistema de seguridad y justicia en los últimos tiempos, preocupa la pobreza del debate sobre las causas que posibilitaron el homicidio.

De las hipótesis expuestas por especialistas, periodistas y altos funcionarios la más reiterada sugiere una represalia, acompañada del argumento de que, por decisión propia o austeridad gubernamental, el juez carecía de escolta. Pudiera ser o no una hipótesis válida, pero no es la causa de fondo, sino consecuencia de un mal mayor: el desdén por el trabajo de los operadores del sistema de seguridad y justicia penal.

Para Fernando Escalante Gonzalbo “el crimen, y sobre todo las representaciones del crimen se imponen como claves para entender el presente”. No le falta razón. El crimen organizado ha hecho del continente americano el de más muertes intencionales en el mundo, con tasas de 17 por cada 100 mil, mientras África, Europa, Asia y Oceanía manejan 13, 3, 2.3 y 2.8 respectivamente, según la medición más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La tesis de que el mayor mercado de drogas está en Estados Unidos y que la violencia en la región se asocia a la lucha por suministrarlo es real. También, que en América Latina ha crecido el consumo y al narcotráfico se han incorporado secuestro, extorsión, trata de personas, robo de hidrocarburo y otros, generando disputas por el control de dichos ilícitos. Esta realidad representa también un alto riesgo para policías, peritos, fiscales y personal del Poder Judicial de los tres órdenes de gobierno.

El asesinato de los jueces Falcone y Borsellino en mayo y julio de 1992, como venganza por el “maxiproceso” a los principales capos de la época, cimbró a la sociedad y al aparato de gobierno italiano. “Dejaron de ver a otro lado”, me dice un amigo del Cuerpo de Carabinieri de Italia. “Se repudió a los criminales, perdieron apoyo social e institucional”. Este desprecio no eliminó a la delincuencia organizada, claro está, pero sí su manera de operar, cada vez más alerta de las acciones policiales, huyendo de la justicia y procurando no afectar a la sociedad civil. No es cosa menor, y se observa en las bajas tasas de homicidios en Europa.

Mientras prevalezcan indiferencia al servicio público y silencio cómplice ante la brutalidad del crimen organizado, seguiremos engañándonos al entender nuestras tragedias cotidianas, con falacias como “falta de escoltas” o venganza de cualquier grupo criminal. La indiferencia también mata.