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El pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley de Amnistía con 68 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones, con lo cual se envía al Ejecutivo federal para su promulgación y que se autorice la excarcelación de aproximadamente 5 mil personas que están purgando delitos federales y en riesgo de contraer el coronavirus Covid-19.
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en los artículos no reservados; la discusión del único punto de acuerdo en la Cámara Alta estuvo precedida de inconformidades de los diputados de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática.
Los legisladores de oposición planteaban la necesidad de abrir el diálogo a un Gran Acuerdo Nacional para tocar los temas de salud y economía, no solo el de la Ley de Amnistía, durante la sesión ordinaria presencial que celebraron, después de tres semanas que no se reunía el pleno.
Los oposicionistas terminaron por acudir a la sesión integrados como Grupo de Contención a la decisión de los legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista, que conforman la Junta de Coordinación Política del Senado y que acordaron dedicar la sesión solo al análisis y la aprobación de la Ley de Amnistía.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias Solís, expresó que por razones humanitarias es que se debe aprobar el dictamen, ya que sus efectos, alcances y beneficios tienen un impacto positivo en la impartición de justicia para los grupos más vulnerables.
Indicó que con su aprobación se estaría abonando al descongestionamiento de las cárceles para aminorar el contagio de Covid-19 al interior de las mismas.
“La población no reincidente del fuero federal es de más de mil 830 personas, que representa el 73 por ciento de la población total privada de la libertad de dicho fuero. Habría más de 2 mil 600 personas que serían potencialmente beneficiadas”, precisó el legislador michoacano.
El planteamiento de la propuesta de esta ley recayó en la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, quien esquematizó los delitos cometidos por los reos que pudieran ser considerados dentro de los beneficios de esta legislación, como aborto, delitos contra la salud (por estupefacientes), considerados en el Artículo 474 de la Ley General de Salud.
Asimismo, serán liberados quienes pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas y los consumidores de narcóticos que comprueben que no usarían el estupefaciente para comercializar.