Auditar y querer no es igual

El cambio de titular en la Auditoría Superior de la Federación vino acompañado de grandilocuencia reformista. Se eliminan las auditorías especiales porque no servían y ahora se crean las auditorías especializadas, porque esas sí sirven, o viceversa. Y también se corre gente y se bajan sueldos, porque la austeridad. Es normal, para ir con la corriente. Pero la institución tiene particularidades en su diseño y gobernabilidad, porque es un órgano que depende específicamente de la Cámara de Diputados, y eso implica que la distribución de espacios y la rendición de cuentas del propio órgano fiscalizador, está más pulverizada que de costumbre. Si esa fragmentación es ideal o no, es irrelevante; lo importante es hacerse cargo de esa realidad, que implica reglas especiales para la construcción de equipos, la voluntad para compartir información entre las distintas áreas, y un extraño mecanismo donde hay directores generales que no pueden pedirle nada a un jefe de departamento porque “a ese lo puso otro diputado".

Hay un elemento adicional: la administración de la ASF dura 8 años, y las legislaturas, sólo 3. Eso provoca que algunos diputados pretenden tener una elevada injerencia en los procesos de cambio de cuadros, y también en el uso de auditorías como armas arrojadizas contra sus enemigos o rivales a lo largo de todo el espectro institucional. Y es que el universo auditable es inmenso, porque prácticamente no hay gobierno o entidad pública que no viva de recursos federales, aunque por diseño sea estatal o municipal. La enorme dependencia de todo lo público hacia la bolsa federal es por historia, diseño y convicción. Entre el federalismo descafeinado y la incapacidad recaudatoria local, la coordinación fiscal es indigna pero inevitable. Por eso el anuncio de que la suprema corte le quitó las atribuciones a las entidades locales de fiscalización, ni es tan espectacular ni es fácil de leer en sus implicaciones.

Es evidente que los municipios son una dimensión política esencial y de responsabilidad financiera de la vida nacional. Pero también lo es que es el reflejo más surreal de la asimetría estructural de México.

El papel de los municipios como nivel básico de gobierno cobra fuerzas cuando se observan cifras que matizan su realidad operativa. En 2023, México contaba con más de 2,4 millones de habitantes en sus municipios más pequeños, y la distribución poblacional genera perfiles fiscales diversos: mientras algunos municipios urbanos concentran proveedores y recaudación, otros rurales dependen casi por completo de lo que sólo podríamos denominar misericordia presupuestaria. Hay cabeceras municipales con ingresos propios superiores al 60%, y localidades rurales con menos del 15%. Por eso muchas de la as grandes fortunas políticas de los últimos tiempos, no se han hecho desde las secretarías de Estado, sino desde feudos municipales cuya administración se alterna entre miembros de la misma familia (así, entre padre e hijo, sin vergüenza). Esta heterogeneidad condiciona desde la planeación de servicios básicos hasta la capacidad de responder a emergencias y a inversiones en infraestructura.

Algunos municipios del sureste, en cambio, carecen de recursos, siquiera, para que el cabildo tenga una oficina, y despachan desde el patio de la casa del alcalde. No es ficción, me tocó estar en una sesión exactamente así. Por eso no sé qué tan digno de celebrar sea concentrar facultades fiscalizadoras en un solo órgano que ni tiene presencia en esos municipios, ni puede cubrir ese universo. No sé.