Autónomos, la conquista ciudadana

Recientemente, los órganos constitucionalmente autónomos (OCA’s) han estado en el centro del debate nacional. A diferencia de lo que se ha dicho, pienso que es precisamente su preservación y fortalecimiento el que nos puede generar importantes “ahorros”, pero en términos de los derechos humanos que éstos protegen. Su existencia en sí, ya es uno de los grandes logros de nuestra democracia, atribuible a las décadas de esfuerzo e impulso de la sociedad civil.

Pero ¿qué es un órgano autónomo y qué está en el centro de la controversia? Un órgano constitucionalmente autónomo es una institución pública que no pertenece a ninguno de los tres poderes tradicionales, pero que defiende los derechos humanos que han sido ganados como parte de un Estado moderno: No se subordina al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial, por lo que su actuación es independiente a cualquiera de estos.

La existencia de estos órganos surge precisamente de la desconfianza ciudadana en los tres poderes tradicionales, así como de la necesidad de generar equilibrios entre ellos, por lo que la absorción de las funciones de estas instituciones por Secretarías o dependencias del Ejecutivo es contradictoria a la propia naturaleza jurídica y surgimiento de los mismos, además del desbalance de poderes que implica y la subordinación que se generaría por su desaparición.

Los órganos autónomos son instituciones, que ayudan en la toma de decisiones

del Estado Mexicano en cuestiones especializadas y técnicas, como mecanismo de racionalización del poder público, ponen límites y establecen un equilibrio, a la vez que salvaguardan derechos fundamentales preciados para la sociedad actual. Organismos como la CNDH, que vela por la protección de los derechos humanos; el INE que organiza y garantiza que los procesos electorales sean imparciales; el INAI y los organismos garantes locales, especializados en asegurar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales; entre otros.

La autonomía brinda la independencia política con la cual las instituciones se

conducen, por lo que las funciones que realizan los OCA’s enriquecen la democracia. Su desaparición generaría una grieta en el sistema político mexicano, violando el principio de progresividad de los derechos humanos.

Debatamos, sí, pero para hacer que la división de poderes sea un principio evolutivo que permita que nuestras instituciones fortalezcan el ideal regulativo de “pesos y contrapesos”. Nuestras instituciones demandan un escrutinio dinámico de altura, fundamentado y razonado para mejorar los derechos de todas y todos los ciudadanos.