La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este jueves, en el marco del décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que en México persiste un "pacto de silencio" entre las autoridades, lo que mantiene el crimen impune y sin resolución.
En un comunicado, la CIDH respaldó el último informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en julio de 2023 se retiró del país tras señalar que las Fuerzas Armadas no entregaron toda la información relacionada con los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.
"Subsisten obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad", afirmó la CIDH, destacando que el llamado "pacto de silencio" sigue impidiendo la identificación de los responsables directos de la desaparición y aquellos que encubrieron el crimen.
A una década de la desaparición de los estudiantes, el caso sigue sin resolverse. Este jueves, familiares de las víctimas y activistas salieron a las calles de Ciudad de México para exigir justicia, acusando al presidente Andrés Manuel López Obrador de no cumplir su promesa de esclarecer el caso, presuntamente por proteger a las Fuerzas Armadas.
Aunque la CIDH reconoció que durante el gobierno de López Obrador se lograron avances significativos, como la identificación de los restos de dos de los estudiantes desaparecidos y la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), así como la Unidad Especializada para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República, también mostró su preocupación por el estancamiento actual en la investigación.
"Si bien ha habido avances importantes, preocupa la paralización de la investigación y el retroceso en las instituciones creadas para esclarecer el caso", señaló el organismo.
López Obrador ha llegado a contradecir a la Comisión de la Verdad establecida por su propio gobierno, que en 2022 concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un "crimen de Estado", con la participación de autoridades de todos los niveles, incluidas las Fuerzas Armadas.
La CIDH también destacó que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su compromiso de continuar trabajando en la resolución del caso, considerado uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos en el país.
El organismo internacional subrayó la importancia de mantener un diálogo transparente entre todas las partes involucradas, incluidas las familias de los estudiantes desaparecidos y sus representantes legales, para superar los desafíos que enfrenta la investigación.