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Columnas
Aunque la reforma al Poder Judicial ya se aprobó, sigue mostrando que predominará su lado político y se perfila como un instrumento para cobrar venganzas. En este sentido, las tres ministras recomendadas de Palacio Nacional: Yazmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz Ahlf, han iniciado campaña para ver quién llega a la presidencia de la Suprema Corte de la Nación, -a ver si no se confrontan entre ellas-, mientras el clima se sigue polarizando.
La ministra Esquivel presentó al Pleno de la Corte proyectos que desechan tres consultas planteadas por Jueces, Magistrados y demás personal judicial, que tienen como objetivoque la Suprema Corte realice un análisis directo sobre la reforma.
Lo que pretende el oficialismo es poner a toda prisa el último clavo en la división de Poderes. Cabe señalar que las propuestas de Esquivel Mossa, serán discutidas por el Pleno de la SCJN el 3 de octubre y bastarán seis de once votos para aprobarlos o rechazarlos.
La ministra Loretta Ortiz, por su parte, ha terminado por caer en sus propias contradicciones y bien se puede inferir que las propuestas de Yazmín Esquivel surgen entre otras razones, luego de que la SCJN aceptara los recursos que interpuso Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, porque el Sistema de Administración Tributaria, (SAT) intenta un doble cobro de impuestos en lo que bien puede considerarse un abuso de autoridad que transgrede el principio constitucional de proporcionalidad tributaria.
Para apuntalar los sistemáticos ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del oficialismo, sin pruebas, la ministra Ortiz Ahlf acusó que Grupo Salinas la había querido comprar.
Hay que recordar que en enero de 2022, Ortiz Ahlf presentó un proyecto de un recurso de revisión de Elektra, que la Segunda Sala de la SCJN desechó y por el cual la empresa tuvo que pagar 2 mil 636 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Como puede observarse, por consigna, una de las ministras del oficialismo actúa con fines eminentemente políticos, en un escenario en el que el Instituto Nacional Electoral, (INE), sigue teniendo solo muy remotas y dispersas ideas de cómo va a sacar adelante el tema de la elección de jueces, ministros y magistrados y en ello, no le importa faltar a la verdad y hacer evidente que la tan necesaria división de Poderes, ya no le importa, pues ahora su objetivo es colarse como ganadora en unas elecciones que saldrán muy caras y no se sabe de dónde saldrán los recursos.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha venido evadiendo el costo de estos inéditos comicios y se ha limitado a decir que costaría “como una elección presidencial, depende del número de puestos a elegir”.