La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al artículo 127 de la Constitución, con el objetivo de eliminar las llamadas pensiones doradas que superan los 70 mil pesos mensuales y que benefician a ex servidores públicos de confianza en empresas del Estado y la banca de desarrollo. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 458 votos a favor en lo general, aunque legisladores de distintos partidos anunciaron que presentarán reservas para evitar que la aplicación retroactiva afecte derechos adquiridos de jubilados con pensiones legítimas.
Durante la discusión en el pleno de San Lázaro, un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) intentó ingresar por la fuerza al recinto legislativo en protesta contra la reforma. Los manifestantes derribaron vallas metálicas y quemaron mobiliario en el primer filtro de acceso antes de retirarse.
Los legisladores de Morena defendieron la enmienda al señalar que busca corregir desigualdades y limitar privilegios de una minoría que recibe pensiones desproporcionadas, algunas superiores al millón de pesos mensuales. Argumentaron que estas prácticas, aunque legales, se originaron en acuerdos políticos y representan una carga para las finanzas públicas.
Por su parte, diputados del PRI, PAN, MC y algunos del bloque oficialista advirtieron que la reforma podría vulnerar derechos adquiridos y abrir la puerta a la retroactividad, lo que consideran un precedente peligroso. Señalaron además que la iniciativa excluye a las pensiones de ministros de la Suprema Corte y de las fuerzas armadas, lo que calificaron como un trato desigual.
La discusión en lo particular contará con 92 oradores y se prevé que se presenten reservas para proteger a jubilados que no reciben pensiones excesivas, garantizando que la medida se concentre únicamente en los casos de privilegios desproporcionados.