Caput constitucional.

Desde Palacio Nacional se ha abierto un flanco de ataques al PJF, especialmente, a la SCJN. Esta embestida -que en el pasado se dio contra el INE- tiene trascedentes impactos para nuestro ordenamiento, con tendencia a generar un caput constitucional.

El primero, tiene un efecto inmediato e incide en el núcleo del Estado de Derecho. Si uno de los mayores obstáculos para que podamos vivir en comunidades de igualdad, con suficientes oportunidades y en un país ordenado, seguro, próspero y en paz, es el bajo nivel de efectividad que tiene el Estado de Derecho en México, no parece una buena idea que el presidente AMLO llame a tirios y troyanos, no solo a desconocer las sentencias de la Corte y de los tribunales inferiores, sino abiertamente a despojar de legitimidad al Poder de la Unión encargado de controlar los actos del poder, y peor aún que lo haga en un momento en el cual el alto tribunal está resolviendo casos relevantes en sentido adverso a los intereses del gobierno.

De acuerdo con los datos del Índice Global de Estado de Derecho 2022, elaborado por World Justice Project, México ocupa el lugar 115 de 140, con una puntuación de 0.42 sobre 1, cayendo en el índice por tercer año consecutivo. Esto significa que nuestro país no califica satisfactoriamente ni la mitad de los indicadores necesarios -límites efectivos al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, respeto a los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, acceso a la justicia, entre otros- para que los pilares político, jurídico, social y económico funcionen adecuadamente.

Desde esta óptica, la campaña para deslegitimar al PJF causa un daño importante al sistema de impartición de justicia: i. Porque frente a las autoridades se presenta como un aliciente para que éstas actúen arbitrariamente frente a la sociedad y se sientan con el poder de desconocer las determinaciones de los tribunales federales; y ii. Respecto de la sociedad, se infunde mayor desconfianza hacia el PJF de la que ya existe, pero no con información objetiva, sino a partir de criterios de oportunidad política, lo que desalienta a la gente a acudir a las vías jurisdiccionales para dirimir de manera pacífica sus conflictos.

El segundo gran problema de la campaña contra la SCJN es que el ataque trasciende a la institución e impacta de manera directa en la Constitución y su efecto normativo. La norma fundamental no es un ordenamiento neutral ni etéreo, por el contrario, una Constitución debe proporcionar el sentimiento social de que lo ahí reconocido es realmente fundamental, y no meras declaraciones políticas tangenciales.

Producir ese sentimiento corresponde, en última instancia, a los tribunales que conforman el PJF, especialmente a la Corte, cuyas sentencias no deben #Obradorizarse, sino por el contrario, tienen que dictarse con objetividad, independencia e imparcialidad, de tal modo que creen en la sociedad la convicción de que la Constitución es un acto estable no sujeto al capricho de la mayoría del momento; y que ésta no puede basarse en consideraciones aritméticas derivadas de la relación entre la fuerza numérica del partido en el gobierno y de la oposición.

Corresponde pues a la Corte separar y distinguir mediante su interpretación y fallos, lo que es política mayoritaria ordinaria de la política constitucional, en tanto los principios y valores tuteladas por esta última no pueden formar parte del juego político ni electoral, pues más bien, establece las reglas de estos juegos.