En la Ciudad de México, de acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, existen 139 pueblos y 58 barrios originarios. Asimismo, 315,320 personas se autoadscriben como indígenas, lo que representa cerca del 9 por ciento de la población en nuestra ciudad.
Estos datos muestran la relevancia de un grupo poblacional que ha sido históricamente discriminado y relegado de la vida pública y democrática en nuestro país, pues, de acuerdo con información de la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México de 2017, el 17.9% de las personas encuenstadas considera a las indígenas como las más discriminadas.
Entre las principales problemáticas que enfrentan las personas indígenas en la Ciudad de México encontramos la falta de acceso a salud, educación, vivienda y agua; obstáculos para el acceso efectivo a la justicia; y finalmente, el ejercicio de sus derechos políticos.
Sobre este último punto, debemos considerar urgente la inclusión de este grupo poblacional a la vida pública tanto por su aportación histórica a la cultura y organización de nuestra sociedad, como por el respeto a sus derechos humanos y su integración plena a la democracia de la Ciudad de México.
Mantener relegada a la población indígena en el acceso a espacios de toma de decisiones en nuestra ciudad, constituye un bloqueo a su participación ciudadana y disminuye la representatividad plena y la pluralidad de voces, elementos fundamentales para tener una democracia integral.
Desde las autoridades electorales, en específico el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, impulsamos resoluciones con perspectiva de derechos humanos para potenciar el ejercicio de sus derechos políticos, así como los de autodeterminación, organización y representación.
Sin embargo aun falta mucho por hacer. Es urgente seguir impulsando candidaturas indígenas que representen a este sector poblacional en la Jefatura de Gobierno, Congreso de la Ciudad de México, las Alcaldías y sus Concejalías, pues solo de esta manera se podrá alcanzar su plena inserción en la vida pública.
Como sociedad y autoridades, debemos condenar y erradicar las prácticas que buscan simular el acceso de personas indígenas a espacios de poder. Debemos repensar el hecho de que personas sin orígenes indígenas ocupen candidaturas reservadas para éstas.
Desde el ámbito de las autoridades electorales continuaremos realizando nuestro trabajo con miras a una inclusión total de las personas indígenas en nuestra democracia, con una visión progresiva y con sentencias de vanguardia que permitan el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.
La inclusión de todas y todos en la vida pública, así como la eliminación de la discriminación, nos permitirá construir una democracia pacifica, integral, justa, plural, representativa y con acceso igualitario a las oportunidades.