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Congreso y democracia. Derecho y esperanza

Congreso y democracia. Derecho y esperanza

Columnas jueves 16 de enero de 2020 - 01:45

En su extraordinario texto El Significado Político del Derecho, Vilajosana considera que la identidad de los órdenes jurídicos es una función de la identidad de los regímenes políticos, de tal manera que si se quiere conocer en realidad el alma y fibra de la coalición que controla el gobierno, debemos interpretar lo que expresa en las normas que crea, las que reforma y las que no toca, pues esas decisiones le dan cierta esencia clasificatoria en el concierto internacional como nación libre y democrática.
Desde ese punto de vista, hay quien ve el Derecho como una práctica social aspiracional (el Derecho como esperanza) de tal manera que no se le puede concebir adecuadamente sino en términos de su eficacia y del cumplimiento democrático de sus fines.
Cursando aún el primer mes del año nuevo 2020, hoy propongo los primeros 5 de 12 ejes sobre los que debería discurrir el futuro del derecho mexicano como manifestación de un nuevo régimen político.
Primero: atemperar las más ásperas aristas del modelo económico, en especial aquellas que en lugar de distribuir mejor la riqueza la concentran y profundizan la brecha entre ricos y pobres. El vector laboral es fundamental para lograrlo, si logramos el reconocimiento del concepto del trabajo decente en nuestras constituciones y leyes. La seguridad social y la salud pública también encarnan retos superlativos que deben desembocar en ajustes normativos que tiendan a la universalidad, pero sin comprometer los necesarios equilibrios de las finanzas públicas, que también demandan estar sanas siempre.
Segundo: fortalecer el control judicial sobre la administración pública para garantizar nuevos derechos como el derecho a la buena administración, a recibir cuentas, al buen gobierno; el derecho a la Ciudad, al acceso al agua, al olvido, a la identidad y/o reconocer nuevas ramas del Derecho como el Derecho de la Integridad Pública o la que dispone los deberes de prevención y de reconstrucción del Estado en su conjunto ante desastres naturales.
Tercero: traer al siglo XXI la protección del medio ambiente y el reproche a quien lo dañe, pero poniendo especial énfasis en los instrumentos disuasivos por encima de los punitivos. Cuarto: incorporar a la norma fundamental la paridad de género (y quizá la alternancia de género) en todos los campos de la vida económica y social y no solo en el servicio público o la política.
Quinto: repensar la naturaleza, alcances y consecuencias, individuales y sociales, de la pena privativa de la libertad en los términos en los que generalmente se despliega. La reparación del daño y el Derecho victimal vienen ganando terreno, en efecto, pero hay que decidir una nueva ruta jurídica e institucional, por los efectos del modelo actual en la persona privada de la libertad, su familia y el colectivo en general. El próximo martes comentaré los otros 7 ejes.

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/CR

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