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Consensos para la infancia

Consensos para la infancia

Columnas jueves 17 de septiembre de 2020 - 00:08

Abraham Madero Márquez


En otros espacios dentro de esta columna se ha insistido que desde la experiencia de los países de esta región, la atención de la niñez y adolescencia definitivamente no es considerada una agenda prioritaria dentro de la bandeja de coyunturas que predominan en el entorno político, económico y social de nuestros días.

Si bien es posible encontrar algunos ejemplos periféricos de prácticas o programas exitosos especialmente en países como Chile y Colombia, no sería aventurado afirmar que la protección integral de la infancia en América Latina es un tema que aun permanece en el tintero.

La brecha de desatención tanto en presupuestos como en el calado de las políticas públicas en materia de niñez, es todavía amplia en la mayoría de las regiones del continente, considerando las realidades locales que solo de transitarlas a pie sirven de botón muestra para evidenciar el tamaño del problema a resolver y advertir que niñas y niños viven realidades aun muy dispares.

Sin querer escarbar en datos al respecto pues la información diagnóstica ya es basta, es evidente que este propósito exige a los Estados una responsabilidad activa a partir de – por lo menos – dos elementos clave.

Primero, no solo basta con elaborar programas o documentos rectores, se requiere realizar esfuerzos adicionales de inversión presupuestaria para dar prioridad a la atención y desarrollo de la protección de niñas y niños, especialmente a los más vulnerables, incluyendo a la infancia en formación desde el embarazo y la protección de la maternidad que conjugan un binomio, así como la atención de los niños en situación de violencia, migración, calle, discapacidad y rezago social.

Por ejemplo en México, la Estrategia Nacional de Atención para la Primera Infancia (ENAPI) dada a conocer en marzo de este año, configura una serie de estrategias e intervenciones que desde el texto del documento representan rutas acertadas y claramente bien identificadas. Sin embargo, dichas estrategias cumplen tan solo con una parte del objetivo: dicen el qué, pero no dicen el cómo.

Tan solo el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para este año rondó por los 68 millones de pesos, en promedio uno de los bajos de las dependencias al interior de la Secretaría de Gobernación que tienen por ley funciones de coordinación y rectoría de políticas publicas a nivel nacional.

Los documentos y acuerdos que se adoptan desde es tipo de órganos colegiados, hablan de dependencias responsables, grupos de trabajo, comisiones y sesiones plenarias. Todo ello sin duda es necesario, pero nos lleva hacia el segundo elemento de nuestro comentario. La formación de consensos en esta materia debe dar un paso más hacia el terreno de lo práctico y comenzar a responder los cómos, cuándos y dóndes se tienen que implementar los programas y políticas dibujadas desde el papel.

Para ello se necesitan recursos si, pero también toma decisiones y una fuerte dosis de participación social. Y es justamente en este último punto en el que queremos hacer un énfasis especial.

Convocar, delinear y llevar a la práctica estrategias y agendas comunes entre los actores clave – no solo del gobierno – resulta una condición cada vez más indispensable para superar inercias y el status quo respecto el rezago que existe en la protección efectiva de la infancia en México.

Esperar a que dichos consensos sean alcanzados únicamente por el esquema de incentivos y tiempos que influyen en los tomadores de decisión o poderes formales, ha sido un error que admite un golpe de timón y que desde la participación e innovación social puede revertirse, bajo una lógica de sana colaboración y diálogo entre las dimensiones individuales, colectivas, públicas y privadas.

Además, tras la pandemia del nuevo coronavirus se han visibilizado con mayor nitidez los riesgos y por ende la necesidad de acelerar la protección y tutela de los derechos de la niñez y adolescencia, no como un tema de agendas y causas, sino como una verdadera prioridad para asegurar un auténtico proyecto de vida a los niños.

Es así, como el consenso para la infancia llama no solo a lograr el acuerdo político o plasmar en la ley y sus documentos rectores los parámetros para una protección “ideal”. El reto está en mejorar la vida diaria de los niños y hacerlo lo más rápido posible.

Considerando este texto una primera parte de la reflexión, en el próximo espacio vemos pertinente compartir a detalle con los lectores una experiencia que hemos delineado desde Early Institute a través de la iniciativa ALUMBRA creada en 2018, y desde la cual nos hemos propuesto, justamente, contribuir a acelerar los procesos de formación de consensos y la creación de agendas comunes para hacer de la protección de la infancia en nuestro país una realidad.
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/CR

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