Corrupción sin pasaporte

Columnas miércoles 25 de junio de 2025 -

En los últimos seis años de pláticas con directivos de empresas extranjeras he escuchado quejas (sin pruebas) sobre la corrupción en México. Algunos de esos ejecutivos son mexicanos que parecen haber olvidado los años del PRIAN, como si hubieran vivido en Suiza durante los sexenios anteriores. Otros son extranjeros que, entre risas condescendientes, se burlan de nuestras instituciones y hacen chistes sobre mordidas.

Sin ganas de engancharme en discusiones estériles, he tenido que morderme los labios para no recordarles que le corrupción no es privativo de los mexicanos, es una enfermedad producto del desenfrenado capitalismo de cuates que ha permeado en muchos países.

Más allá de las etiquetas patrióticas y del recurso chafa de forzar una nota para relacionarlo con la 4T, me ciño al escándalo desatado en España y que mañana jueves podría dar mucho más que hablar.

Este jueves 26 de junio, justo cuando se reúna la junta de accionistas de Acciona para rendir cuentas del 2025, la empresa estará bajo el reflector no por sus obras ni sus dividendos, sino por una investigación que liga a sus contratos con nombres como Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, personajes cercanos al presidente español Pedro Sánchez. En el caso mexicano, a estos personajes se les relaciona con el Grupo México y el Tren Maya.

No hablamos de filtraciones de WhatsApp ni de teorías de TikTok, sino de presuntos sobornos por más de 600 mil euros. En respuesta, Acciona ya despidió a su director de Construcción y abrió una investigación interna.

Pero también tenemos drama financiero con aroma a telecomunicaciones hispano mexicano. Telefónica Móviles México, conocida como Movistar, intenta que le regresen 4 mil 400 millones de pesos vía una deducción fiscal. Afirma que el ISR que pagó lo generó una empresa con la que se fusionaron en 2014. El detalle simpático es que en ese año y hasta 2015, el actual ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez, era Procurador Fiscal de la Federación. Ahora es él quien elaboró el proyecto que le da la razón a la empresa.

Hace unos días, la ministra Lenia Batres rompió el quórum de la sesión donde se discutiría el tema. Alega que, como Movistar mantuvo la concesión que le generó esos ingresos, la deducción no procede. Luego entonces, propone que estos casos se discutan de manera pública por el pleno de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si Movistar gana el juicio, podrá seguir respirando en México. Si lo pierde, será momento de despedirse de la marca que un día quiso quitarle mercado a Telcel.

Así que, estimado directivo extranjero, antes de hablar del cochinero en casa ajena, revise la alfombra bajo la suya. Porque al parecer, la corrupción empresarial no necesita visa y el capitalismo de cuates es tan mexicano como ibérico… y probablemente también suizo, chino o gringo.