De nombramientos y órganos autónomos

El sistema político mexicano, fundado en la división tradicional de poderes, contempla otro tipo de órganos que no se encuentran enmarcados dentro de esta división tripartita: los llamados órganos constitucionales autónomos.

Estos órganos, constituidos en una especie de “cuarto poder”, fueron concebidos con el objetivo de contar con instituciones técnicas y especializadas en determinadas materias, que pudieran realizar sus funciones con independencia y autonomía.

Se trata, en su mayoría –aunque no en todos los casos–, de órganos colegiados, y, si bien no existe un mecanismo único para la designación de sus titulares, hay una coincidencia: los nombramientos de los integrantes de estos órganos dependen en gran medida de decisiones tomadas por parte del Legislativo.

Dos órganos constitucionales autónomos, cuya labor es fundamental para el funcionamiento de la República, atraviesan actualmente por procesos de designación de sus integrantes: el INAI y el INE.

En el caso del INAI, la nominación de los Comisionados que integran el Pleno está a cargo del Senado de la República que, por cierto, mantuvo durante casi un año pendiente la designación de dos comisionados que concluyeron sus funciones en marzo del año pasado.

Nombramientos que finalmente se realizaron hace unos días y que, valga mencionar, de no haberse concretado, habrían puesto en riesgo el propio funcionamiento del Instituto. Sumado a estas dos designaciones, se encuentra ya también en proceso una tercera, para ocupar otra vacante que quedará en el Pleno en próximos días.

Por otro lado, en manos de la Cámara de Diputados está en marcha la designación de cuatro Consejeros Electorales del INE, incluido el Consejero Presidente del Instituto. Acaso el proceso más vocal mediáticamente, amén de los comicios de este y del siguiente año, así como de la reforma electoral recientemente publicada, la renovación del INE sigue su curso –no exenta de polémicas– y se espera que en las próximas semanas se pueda conocer la nueva integración de su Consejo General.

La legitimidad de origen de los integrantes de órganos autónomos proviene del propio proceso de designación, de ahí la importancia de que el legislador sea escrupuloso en dichos procesos, privilegiando perfiles que no solo cumplan con los requisitos mínimos, sino que tengan conocimiento, trayectoria y credenciales probadas en sus respectivas áreas, así como independencia de cualquier poder político o económico, personal o de grupo.

En el marco de estos procesos de designación a nadie debe asustar la construcción de acuerdos entre diversas corrientes políticas, pues finalmente es parte de la génesis del propio quehacer político. Sin embargo, si de verdad existe un compromiso por el fortalecimiento de los órganos autónomos, es menester de todos los actores involucrados privilegiar nombramientos que antepongan el mérito por encima de compromisos políticos.

La legitimidad de las instituciones públicas, los órganos constitucionales autónomos incluidos, se gana con acciones, no con retórica. Con nombramientos a modo, perderían los órganos autónomos y perdería el país.

Rodolfo Romanillos es licenciado en Ciencia Política por la UAM. @rodolforomp