Defender la democracia

Hablar de democracia es referirse a uno de los conceptos multívocos más polémicos del Derecho y de la ciencia política, el cual ha sido estudiado ampliamente por tirios y troyanos durante el transcurso de la historia.

La democracia de los atenienses o “el gobierno del pueblo”, estaba basada en las decisiones colectivas, tomadas en asambleas ciudadanas donde la mayoría de la población eran esclavos; los representantes se elegían por sorteo considerando únicamente al género masculino y existían escasos mecanismos para controlar al poder. La democracia moderna, por el contrario, encuentra sustento en el ejercicio y potenciación de las libertades cívicas y en el estado de Derecho.

Hoy en día es muy difícil referirse a la “democracia” como un constructo íntegro y estático. Existen una serie de elementos que se van edificando de manera continua, y hacen de este vocablo algo cada vez más amplio y complejo. Se trata entonces de un ejercicio que trastoca toda la correlación de fuerzas de una sociedad y su esquema de toma de decisiones.

Al respecto, vale la pena mencionar el papel de los procesos electorales y los partidos políticos, pues debemos reconocer que no se ha “inventado” una democracia sin partidos, y que las candidaturas independientes deben ser vistas como válvulas de escape o puntos de fuga para ciudadanizar la política y corregir los excesos de la partidocracia.

En este gran escenario que aglutina los procesos electorales, tienen necesariamente que existir también autoridades que hagan valer la legalidad de estos, que velen por su adecuado desarrollo y den certeza a sus resultados.

En consecuencia, para que las elecciones se consideren democráticas, deben reunir ciertas características, entre ellas que sean periódicas, libres, equitativas y auténticas, otorgando la oportunidad a todas las personas de participar en las mismas, pues ello es un derecho consagrado en diversas convenciones y tratados internacionales, así como en los ordenamientos internos aplicables a la materia.

En dicha lógica, para que una democracia realmente funcione, es necesario contar también con autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, verdaderamente profesionales e independientes, que organicen las elecciones y resuelvan los conflictos apegados a la legalidad, pero al mismo tiempo, con sensibilidad política, pues no debemos perder de vista que el objeto central es la lucha por el poder político y la transición pacífica y ordenada de este.

En ese sentido, es preciso señalar que, si bien es cierto, la democracia no se limita exclusivamente a las elecciones, pues la transparencia y rendición de cuentas, la organización de la sociedad civil, el respeto a los derechos humanos, entre otros grandes temas, juegan un papel primordial en la configuración de la vida democrática de todo país; también lo es, que de cualquier manera, las elecciones son para la democracia un eje toral y fundamental, mismas que no deben de concebirse como un proceso propio de la autoridad electoral o los partidos políticos, sino como una oportunidad integral de participación de la ciudadanía misma.

La democracia es tan importante que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que el derecho a defenderla constituye una concretización del derecho a participar en los asuntos públicos del estado y comprende el ejercicio conjunto del derecho a la libertad de expresión y de los derechos político-electorales (Tesis de Jurisprudencia: 1a./J. 38/2021 (11a.).

Así, sostuvo como criterio jurídico que el derecho a defender la democracia constituye una específica concretización del derecho a participar en los asuntos públicos del Estado, y comprende el ejercicio conjunto del derecho a la libertad de expresión y de los derechos político-electorales. En ese tenor, adujo que el Estado se encuentra obligado a garantizarlo mediante normativas y prácticas adecuadas que posibiliten a la ciudadanía su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios, así como a adoptar medidas para garantizar su ejercicio en atención a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales.

Ello, toda vez que, particularmente en situaciones de ruptura institucional, la relación entre la libertad de expresión y los derechos político-electorales resulta aún más manifiesta, pues se ejercen de manera conjunta con la finalidad de protestar contra la actuación de los poderes estatales contraria al orden constitucional, y para reclamar el retorno de la democracia.

Por lo tanto, para ejercitar el derecho a defender la democracia, es preciso partir de la base que el Estado se encuentra obligado a actuar bajo un régimen de transparencia en el ejercicio de sus atribuciones; pues cuando un tribunal decide un caso de libertad de expresión, imprenta o información no sólo afecta las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, condiciones todas ellas indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa (Tesis: 1a. CCXV/2009. Amparo en Revisión. Primera Sala de la SCJN).

Como puede verse, el concepto de democracia es bastante amplio y abarca diferentes tipos, pero, sea cual fuere el de nuestra elección, lo importante es vivirla y defenderla, pues como mexicanos esa es nuestra obligación moral y jurídica. ¡Que no se nos olvide!

Plancha de quite: “El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros”. Ambrose Gwinet Bierce.