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Derecho Procesal Legislativo

Derecho Procesal Legislativo

Columnas lunes 21 de septiembre de 2020 - 00:56

Por Armando Hernández

El sistema jurídico mexicano forma parte de la tradición neorromanista de derecho escrito o legislado. Respecto a su sistema político, nuestra nación no adoptó un modelo parlamentario como el de los países europeos, sino que prefirió seguir el sistema presidencial, a semejanza de nuestro país vecino del norte.

En consecuencia, el Congreso de la Unión, así como los congresos de las entidades federativas, son Poderes Legislativos, más no Parlamentos.

No obstante, hace algunas décadas, el estudio de la estructura, funciones y reglas que rigen la vida interna de los Congresos, comenzó a sistematizarse bajo la denomimación de "Derecho Parlamentario."

No obstante, también debemos reconocer que, si bien los Poderes Legislativos (Federal y Estatales) en México no son propiamente parlamentos, tampoco tienen como única atribución, la creación de leyes.

Facultades como las de designación, las de carácter económico o político, y aquellas que le permiten establecer contrapesos a los otros poderes o ejercer atribuciones de supervisión, les otorgan un margen de actuación no solamente legislativo, sino al menos en forma mínima, asimilable al parlamento.

En ese orden de ideas, referirnos al Derecho Parlamentario contemplaría el estudio de las facultades amplias de los congresos, mientras que el Derecho Legislativo implicaría el estudio de las atribuciones relacionadas exclusivamente con la función legislativa.

Ambas ramas (Derecho Parlamentario y Derecho Legislativo) derivadas del ámbito del derecho constiticional, como apartado fundamental del derecho público; y precisamente el estudio del derecho público regularmente nos permite dividir la comprensión de las normas que integran cada materia, en tres aspectos esenciales: normas de caracter sustantivo, orgánico y procesal.

El estudio de la parte orgánica del derecho legislativo, implica analizar la estructura y funciones del Congreso. La rama sustantiva estudiaría las figuras distintivas propias de la materia objeto de estudio (por ejemplo, la diferencia entre ley y decreto) mientras que la regulación procesal establece las normas adjetivas, que ordenan las etapas y formalidades esenciales del proceso (en este caso, el proceso formal de creación de una ley).

De lo anterior, se desprende la necesidad de profundizar en el estudio del Derecho Procesal Legislativo como una rama del Derecho Público, sobre la cual no se ha escrito y estudiado lo suficiente como para identificar los principios que la rigen y generar teorías científicas que apliquen la metodología propia de la ciencia del Derecho al proceso legislativo.

La metodología jurídica debe ser aplicada al proceso de creación de leyes, junto con la técnica legislativa, con el fin de mejorar la calidad del trabajo legislativo en México.

Flor de Loto: Así como existe una Teoría General del Proceso (jurisdiccional) podría surgir una Teoría General del Proceso Legislativo, para hacer de la Ley un producto metodológicamente evaluable (como las sentencias judiciales) y con ello garantizar mejores resultados en la función legislativa.



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