Desaparición forzada: heridas en nuestra sociedad

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

En las últimas décadas, hemos atestiguado hechos paradigmáticos en torno a este tema, de modo que, casos como el de Rosendo Radilla, el caso Cuauhtémoc o situaciones como las de Ayotzinapa y Tierra Blanca, han dejado una profunda cicatriz en nuestra memoria que sigue sin sanar.

Principios como el derecho a la libertad y seguridad de la persona, a no ser sometido a torturas y tratos crueles o el derecho a la vida en caso de muerte de la persona desaparecida, pasan a ser prerrogativas que el Estado debe garantizar para prevenir, investigar, sancionar y en su caso llevar a cabo la reparación integral del daño.

A pesar de los esfuerzos realizados en nuestro país como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la integración del Sistema Nacional del Protocolo Homologado del Registro Nacional y la instalación de Comisiones Estatales, uno de los ejes por resolver se presenta en el reconocimiento pendiente de la Cámara de Senadores para facultar a las Naciones Unidas a intervenir en la materia, lo cual implica una ampliación jurídica que ha estado pendiente durante los últimos 12 años; aperturado, por un lado, el camino a que el comité de expertos de la Convención estudie los casos existentes en el país y por el otro, sometiendo al gobierno a un escrutinio constante en el tema por un nuevo mecanismo adicional a los ya existentes.

En ese sentido, mientras no logremos responder a las y los familiares que, con las lágrimas arrebatadas por el llanto y la impotencia, exigen soluciones legítimas bajo la premisa de que la persona desaparecida se encuentra con vida y podamos garantizar la justicia y dignidad de las víctimas frente a las heridas que se profundizan con el tiempo en nuestra sociedad, la desaparición forzada de personas seguirá representando una de las expresiones más preocupantes de violación en materia de derechos humanos.