Desobedecer la ley es corrupción

Columnas jueves 05 de diciembre de 2024 -

El incumplimiento de las suspensiones judiciales en México ha adquirido una nueva y alarmante dimensión: es una forma de corrupción. Las suspensiones, que son otorgadas por el Poder Judicial para proteger derechos constitucionales mientras se resuelven los juicios, han sido sistemáticamente ignoradas por el Ejecutivo bajo el pretexto del "bien común". Pero cuando las autoridades eligen qué leyes cumplir y cuáles no, están minando las bases del Estado de Derecho.

La corrupción no se limita a desviar recursos; también ocurre cuando las instituciones y los servidores públicos ignoran o manipulan las leyes en beneficio propio o de su agenda. El incumplimiento de las suspensiones judiciales encaja en esta definición, ya que permite que el poder evada las normas que deberían regir a todos por igual.

El argumento del "bien común" se ha usado para justificar este desacato, afirmando que las reformas del Ejecutivo, aunque suspendidas judicialmente, son necesarias para avanzar en la transformación del país. Sin embargo, esta narrativa oculta un problema más profundo: priorizar el cumplimiento de objetivos políticos por encima de la ley es, en esencia, un acto corrupto. Como lo señala el constitucionalista Diego Valadés, “el desacato a las suspensiones judiciales no solo vulnera derechos, sino que también abre la puerta a la arbitrariedad del poder”.

Otra justificación recurrente es que acatar las suspensiones judiciales paralizaría al gobierno, impidiendo el avance de reformas clave. Esta excusa, sin embargo, no se sostiene ante la evidencia. Las suspensiones no detienen al gobierno; más bien garantizan que las políticas públicas respeten la Constitución antes de ser implementadas.

El verdadero problema radica en la falta de sanciones efectivas contra quienes desacatan las órdenes judiciales. Esto fomenta una cultura de impunidad, otra forma de corrupción que debilita la confianza en las instituciones.

La corrupción institucional ocurre cuando quienes detentan el poder desobedecen las leyes con la certeza de que no enfrentarán castigos. Esta es la misma lógica detrás del incumplimiento de las suspensiones judiciales: las autoridades ignoran el mandato del Poder Judicial sin temor a ser sancionadas, lo que socava el Estado de Derecho y normaliza la corrupción a nivel estructural.

Un referente importante para entender las consecuencias de ignorar las resoluciones judiciales es el caso “Marbury vs. Madison” en Estados Unidos. En esta sentencia histórica se consolidó el principio de revisión judicial y se dejó claro que desobedecer una orden judicial es una violación directa a la Constitución. En México, no se puede permitir que esta forma de corrupción siga prosperando sin enfrentar consecuencias.

El incumplimiento sistemático de las suspensiones judiciales no es solo un problema de legalidad; es una amenaza directa a la democracia. Ignorar las resoluciones del Poder Judicial envía un mensaje peligroso: la ley es opcional y solo se aplica cuando conviene. Este tipo de arbitrariedad erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y promueve una percepción de impunidad.

El respeto a la ley es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Permitir que las suspensiones sean ignoradas sin repercusión alguna debilita este pilar y fomenta una cultura de corrupción. Como lo expresó el ministro en retiro José Ramón Cossío, “el respeto a las suspensiones es un termómetro de la salud democrática del país”.

Confundir el respaldo popular con una licencia para violar la ley es una grave señal de deterioro democrático. Cuando el Ejecutivo justifica su incumplimiento argumentando que sigue la "voluntad del pueblo", está torciendo el concepto de democracia. No se puede gobernar en democracia ignorando las reglas de esta.

El respeto a las suspensiones judiciales no es un obstáculo para las reformas, sino una garantía de que estas respeten el marco constitucional. Las suspensiones no están para frenar el avance del país, sino para asegurar que los derechos de todos los ciudadanos sean protegidos, no solo los de las mayorías circunstanciales.

Si permitimos que las autoridades elijan cuándo obedecer la ley, estamos fomentando una forma más sutil de corrupción, una que erosiona el Estado de Derecho desde dentro. Es crucial que el Ejecutivo y el Legislativo respeten las decisiones judiciales y acaten los procesos legales. Solo así podremos preservar una democracia auténtica, en la que las leyes sean para todos, sin excepción.

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Ezequiel Ramírez Gómez

Licenciado en Derecho por la ULSA y Maestro en Administración Pública por el INAP. Docente en la Universidad Anáhuac México. @EzequielRG_Mx