Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal ejecutaron dos órdenes de cateo en el municipio de San Luis Potosí, donde detuvieron a nueve personas y aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, inhibidores de señal, vehículos y diversa documentación, como parte de las investigaciones para inhibir el robo al autotransporte federal en carreteras de la entidad.
Entre los detenidos se encuentra Juan José “N”, identificado como líder de una célula delictiva con presencia en la región. Durante las diligencias se aseguraron siete armas de fuego cortas y largas, 19 cargadores, 488 cartuchos, más de mil 500 antenas para inhibidores de señal, 72 inhibidores de señal portátiles, dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas, cinco montacargas, fuentes de energía, baterías para vehículos, dispositivos electrónicos y diversa documentación.
En un segundo inmueble, ubicado en la misma zona, las autoridades aseguraron un arma larga, tres cargadores, 14 cartuchos, 30 inhibidores de señal portátiles, 359 antenas para inhibidores de señal, seis montacargas, 10 vehículos, más de 100 autopartes, tres dispositivos electrónicos y 297 tarimas con mercancía robada.
De acuerdo con la información oficial, las investigaciones incluyeron análisis de gabinete, procesamiento de denuncias y despliegues de inteligencia operativa en el municipio de San Luis Potosí. Estas labores permitieron a los agentes recabar información que identificó patrones de operación, rutas de traslado e inmuebles utilizados para el resguardo de mercancía robada. Con los datos de prueba obtenidos, un juez de Control otorgó las órdenes de cateo correspondientes.
Las nueve personas detenidas fueron informadas de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.
Las instituciones participantes señalaron que estas acciones buscan combatir el robo al autotransporte federal, debilitar las capacidades logísticas y operativas de los grupos delictivos y fortalecer la seguridad en las vías generales de comunicación.