Dos pistas para la nueva SCJN

El 1 de septiembre iniciará funciones la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el momento de poner fin a la algarabía y el jolgorio por la instauración del nuevo modelo, para dar paso a la seriedad y responsabilidad institucional de las y los ministros.

Ministras y ministros afrontan 2 retos complejos que deberán resolver, inclusive, antes de iniciar funciones en septiembre:

I. En lo administrativo, el 1 de septiembre la SCJN deberá llegar ya con la definición de quienes integrarán -al alto tribunal corresponde la designación de 3 personas- el Órgano de Administración Judicial -que administrará todo el presupuesto del Poder Judicial de la Federación-, así como con una ruta clara de vinculación con el Senado y la Presidencia de la República, para que éstos designen a los otros 2 integrantes de dicho órgano de forma sincrónica y oportuna, porque de no hacerlo, el PJF no tendrá recursos para su operación, vamos, ni siquiera para pagar la quincena de las y los trabajadores.

II. En lo jurisdiccional -debido a un acto de alquimia institucional temerario e irresponsable-, con el desvanecimiento de las 2 Salas de la Corte, el nuevo Pleno tendrá un insospechado problema paragestionar la resolución de los asuntos que le hereda la actual integración. De acuerdo con estimaciones de la propia Corte, el Pleno recibirá cerca de 8 mil asuntos pendientes de resolución, la mayoría radicados en las Salas, por lo que la nueva integración tiene que implementar una política judicial precisa mediante la cual fije los criterios y la metodología para traspasar los asuntos al Pleno, clasificarlos, estudiarlos, proyectarlos, listarlos y sesionarlos de manera coherente, ordenada y en el menor tiempo posible.

Esta será la primera vez desde 1917, que el alto tribunal no cuente con Salas especializadas. La eliminación de las Salas me parece uno de los mayores yerros de la reforma; en primer lugar, porque éstas permitían el conocimiento y resolución de un volumen de asuntos importante -aproximadamente 60 casos semanalmente por cada una- que desahogaba a la Corte, permitiendo al Pleno abocarse a los asuntos de relevancia; y, en segundo lugar, porque las Salas resolvían casos sobre materias especializadas en el ámbito de derechos humamos, particularmente, las contradicciones de criterio que daban lugar a jurisprudencias obligatorias para todos los tribunales del país, ampliando a través de esa instancia la protección de las personas de manera potente.

Realistamente, se ve prácticamente imposible que el Pleno tenga la capacidad humana y material deafrontar la resolución de 120 asuntos semanales -sumando lo que cada Sala resolvía-. Quizás, una de las salidas podría ser reformar el Reglamento Interno de la Corte –lo ideal sería reformar la Ley Orgánica del PJF-, para que tal y como funciona el Tribunal Constitucional Alemán o el TribunalEuropeo de Derechos Humanos, por ejemplo, ministras y ministros trabajen en comités o secciones integrados de 1 y hasta 3 ministr@s, con facultades para conocer y preparar resoluciones sobre asuntos de desechamiento, improcedencia o sobreseimiento, entre otras hipótesis, que puedan subirse al Pleno, únicamente, a ser votadas sin mayor discusión.

Obiter dicta.

Para lograr lo anterior, la nueva Corte podría replicar una práctica adoptada por la integración del alto tribunal de 1995. En cuanto el Senado designó a los nuevos 11 ministros -26 de enero de 1995-, don Juan Díaz Romero convocó a una sesión extraoficial, con el propósito de tomar preacuerdos sobre aspectos relevantes que permitieron a la Corte iniciar una nueva época.

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