Ecuador, el espejo mexicano que empaña la ilusión gubernamental

Rocío Barrera

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

Recientemente, Ecuador capturó la atención de los medios de comunicación a nivel mundial debido a las medidas drásticas adoptadas por su gobierno para enfrentar una ola de violencia sin precedentes. El país sudamericano —que antes era considerado uno de los más pacíficos de la región—, se vio sumergido en una grave crisis de seguridad, donde los cárteles del narcotráfico y la delincuencia organizada ejercían un control casi absoluto. La situación alcanzó un punto álgido en las prisiones, que estaban esencialmente bajo el dominio de capos del narcotráfico, evidenciando la magnitud del desafío que enfrentaba el estado ecuatoriano para restablecer el orden y la ley.

Los analistas y expertos saben muy bien que la influencia creciente de grupos delincuenciales llevan a un debilitamiento de las instituciones. Y como pasó en Ecuador, México podría enfrentar desafíos similares, donde la corrupción y la infiltración de estos grupos en las instancias gubernamentales y de seguridad podrían socavar la democracia y el estado de derecho. De hecho, esta alarmante realidad refleja un fenómeno que, lamentablemente, tampoco es exclusivo de este país sudamericano, puesto que muchas naciones experimentan situaciones similares donde el poder de las bandas de narcotraficantes y la delincuencia organizada parece desbordar las capacidades del Estado. Y un ejemplo reciente y perturbador de esta problemática se observó el pasado 13 de enero en la sierra de Chiapas, donde integrantes del Cártel de Sinaloa realizaron un desfile público, recibiendo vítores de la población. Curiosamente, los criminales, ya ni se preocupan por ocultar sus identidades. Este evento, que ocurrió sin intervención gubernamental para impedirlo, simboliza un desafío mayúsculo para la autoridad del Estado mexicano y pone en relieve la creciente audacia de los grupos criminales en territorio nacional.

Hay que decirlo sin más rodeos: el crimen organizado y el narcotráfico sigue siendo un problema central en México. A pesar de las capturas de líderes de cárteles, la estructura y operación de estas organizaciones siguen intactas. La creación de la Guardia Nacional fue un paso importante, pero su efectividad sigue siendo cuestionada; falta de entrenamiento adecuado y estrategias claras son algunas de las preocupaciones. La pérdida de confianza en las autoridades y la percepción de inseguridad ha llevado a un quebranto de confianza en las autoridades. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros en su ciudad.

Lo que aconteció en Chiapas no sólo representa un desafío directo a la soberanía y el Estado de derecho en México, sino que también es un claro indicativo de cómo la influencia de estas organizaciones criminales ha permeado en la sociedad. La aparente normalización y aceptación de estas demostraciones de poder por parte de los cárteles, son un llamado de atención sobre la necesidad urgente de reformas y estrategias eficaces para contrarrestar la creciente ola de violencia y criminalidad que azota a países como Ecuador y México, donde la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico han sido una preocupación constante.

Ciertamente –más allá de los tintes demagógicos que el actual gobierno esgrime—, la falta de oportunidades lleva a muchos jóvenes a unirse a estas organizaciones; el crimen organizado ha tenido un impacto negativo en la juventud y la educación en México. En nuestro país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron más de 33 mil homicidios en 2022, muchos de los cuales están relacionados con el crimen organizado. Más aún: el informe de la organización “Causa en Común” (causaencomun.org.mx) destaca una creciente tendencia hacia la militarización de la seguridad pública durante los últimos cuatro años, la cual ha venido acompañada de una reducción en los fondos destinados a las policías locales. Sin embargo, a pesar de estos cambios, ni la violencia ni la incidencia delictiva han disminuido.

Un aspecto crítico destacado por el estudio es el alto nivel de subregistro de delitos en México. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2023) del INEGI estima que el 92.4 por ciento de los delitos cometidos en 2022 no fueron denunciados o no se inició una investigación en las fiscalías. Los delitos con mayor tasa de no denuncia incluyen la extorsión (97.4), el fraude (96.5), y el robo o asalto en calle o transporte público (93.4). Esta cifra negra indica una falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia, así como posibles manipulaciones u ocultamientos en las cifras de incidencia delictiva por parte de las autoridades. Adicionalmente, el informe señala que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) suele agregar subcategorías a los tipos de delitos, lo que puede ocultar su importancia relativa y disminuir el impacto político de la criminalidad más grave. Un ejemplo de esto es la inclusión de delitos como la "trata de personas" en categorías más amplias, lo que podría llevar a una interpretación ambigua de las estadísticas.

Retomando el tema de lo acontecido desde principios de año en Ecuador —donde ya hemos visto cómo la violencia desenfrenada ha llevado a una desestabilización social significativa—, en los estertores del polémico gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México también podría ver un aumento similar, lo que afectaría la vida cotidiana, disminuiría la seguridad pública y crearía un ambiente de miedo y desconfianza entre los ciudadanos. Esto no solo afecta la calidad de vida, sino que también podría conducir a un aumento en la migración interna y externa de personas que buscan escapar de las zonas más afectadas, y especialmente, a enrarecer el proceso electoral federal.

Como hemos detallado, el conflicto recrudecido en los últimos años en Ecuador, ha tenido un impacto negativo en su economía, especialmente en el turismo y la inversión extranjera. México, con una economía mucho más grande y diversificada, también podría sufrir repercusiones económicas graves. La inestabilidad disuade a los inversores y afecta negativamente al turismo, una industria vital para México. Y uno de los aspectos más alarmantes del conflicto en esa nación sudamericana es la pérdida de control territorial por parte del gobierno en ciertas áreas. En México, esto podría traducirse en regiones donde los carteles operan con impunidad, desafiando abiertamente la autoridad del Estado y estableciendo sus propias reglas y orden.

Si México no actúa con una estrategia integral y efectiva, podría enfrentar una situación similar a la de Ecuador. Es imperativo que el gobierno mexicano tome medidas decisivas y coordinadas, para evitar un deterioro mayor de la seguridad y la estabilidad. La respuesta a la creciente violencia en Ecuador, ha requerido cambios significativos en la política y la estrategia de seguridad nacional, y —enfrentando desafíos similares—, México podría tener que implementar medidas extraordinarias, incluyendo cambios legislativos y estrategias de seguridad más agresivas, lo que a su vez podría tener implicaciones en los derechos humanos y las libertades civiles, un precio alto a pagar en aras de recuperar el control del un país, que el espejismo gubernamental ve color de rosa.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM