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Columnas viernes 25 de febrero de 2022 -

Octavio Campos Ortiz


¿Realmente evitarán la toma de casetas?
Después de dos años de aprobada por la Cámara de Diputados y a uno de haber pasado por la de Senadores, finalmente se publicaron las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación que prevé sanciones de hasta siete años de cárcel a quienes dañen o destruyan vías o medios de transporte, interrumpan la construcción de caminos o “para obtener lucro bloqueen el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje o deterioren los demás servicios que operen en las vías o medios de transporte”.
El problema no es la norma, sino su aplicación, y la ciudadanía espera que como reza la máxima juarista se aplique el “nadie por encima de la ley”. Pero la radicalización de los grupos sociales que utilizan la toma de casetas y el bloqueo de carreteras como forma de presión y extorsión hace poco creíble que el gobierno sancione con rigor a los infractores. Algunos grupos sociales han hecho del “libre tránsito” en las carreteras a cambio de una “cuota voluntaria” y del cobro de “aportaciones” en los caminos bloqueados, una industria millonaria. El próximo 12 de marzo, los normalistas de Tixtla organizan un baile para festejar el aniversario de su escuela Normal y entre los tres grupos que amenizarán la fiesta está la banda “El Recodo”, la cual cobra millón y medio de pesos, ¿quién será el patrocinador?
Caminos y Puentes Federales informó que en cuatro años -de 2018 a octubre del 2021-, se registraron 14 mil 321 tomas de casetas, las cuales representaron pérdidas por seis mil 772 millones de pesos.
En días pasados, fuimos testigos del enfrentamiento que tuvieron los normalistas -aparentemente infiltrados por grupos criminales-, con las fuerzas armadas, quienes llevaron las de perder al ser agredidos con un tráiler sin conductor que pretendía arrollarlos, en una clara tentativa de homicidio. Sin embargo, los agresores se victimizaron y no hubo detenciones ni se sancionó a nadie. Esa actitud poco solidaria de las autoridades con sus cuerpos armados que cumplían con su deber, hace pensar que prevalecerán las presiones políticas sobre la aplicación del régimen de derecho, o se actuará casuísticamente.
Esta semana, la activista y defensora de los derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván fue sentenciada a diez años seis meses de prisión por robo calificado, luego de ser detenida en octubre del 2020 en la caseta de Amozoc, Puebla por ataques a las vías de comunicación. Había bloqueado una caseta de peaje y permitido el libre tránsito. Internada en un penal federal, se le imputaron siete cargos y aunque mantuvo una huelga de hambre por 61 días y varias organizaciones civiles pidieron su liberación, CAPUFE no se desistió de los cargos y por ello un juez la sentenció.
¿Qué criterio se aplicará ante las nuevas disposiciones? No se puede permitir que la protesta social siga con las extorsiones o destruya la propiedad federal, afecte a particulares o interrumpa las cadenas de suministro. La ley, en un Estado de derecho, se hizo para cumplirla y no es negociable. Durante mucho tiempo los gobiernos han sido rehenes de grupos como los antorchistas, los normalistas, los gremios magisteriales y los transportistas que -con tal de llevar la fiesta en paz-, se han dejado extorsionar y solapado la toma de casetas. Esperemos que esta administración no aplique medidas casuísticas y se haga de la vista gorda con agrupaciones o movimientos afines y deje caer todo el peso de la ley ante los opositores.

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