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El Ágora

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Columnas viernes 08 de julio de 2022 -


La responsabilidad social de los medios
En días pasados, un evento de nota roja ocupó los espacios de la conversación pública: el asesinato de una joven artista a manos, aparentemente, de su pareja sentimental en un restaurante japonés de la colonia del Valle. A pesar de la secrecía de las investigaciones ministeriales y la captura casi en flagrancia del presunto responsable y su chofer, se han tejido infinidad de versiones sobre los hechos, propiciadas por la filtración de datos, fotografías, imágenes de cámaras de seguridad e incluso el contenido de peritajes forenses. El presunto autor material ya está sujeto a proceso; sin embargo, siguen las especulaciones y las contradicciones de las propias autoridades, quienes declararon que la víctima presentaba un disparo en la cabeza, pero los informes de la necropsia desmienten esa conclusión: fueron dos disparos en el tórax y uno en el abdomen. Esos errores dan rienda suelta a las especulaciones. Los medios recrean sus propias historias y realizan juicios sumarios, la sentencia ya está dictada por comunicadores convertidos en jueces de horca y cuchillo.

La difusión mediática de esta tragedia obliga a reflexionar sobre el papel de los medios ante la comunidad, la función social de la comunicación. ¿Es válida la divulgación de información policiaca o ministerial, publicitar imágenes de las escenas del crimen o de las víctimas mismas, incluso las fotografías de los detenidos, sin que se les haya comprobado su culpabilidad?

Hace meses, conmovió a la opinión pública el caso de un hombre que, luego de una discusión marital, asesinó y descuartizó a su concubina, a la cual quiso desaparecer arrojando pedazos de piel por la taza del baño y los huesos por el drenaje del departamento. Por una denuncia ciudadana, el homicida, detenido y ensangrentado, confesó su crimen, pero algún servidor público filtró las fotografías de la escena del crimen y los despojos de la joven mujer. Los medios se dieron un festín y publicaron el material gráfico. La consternación y condena social a ese tipo de imágenes, obligó a las autoridades a emitir una normatividad que prohíbe a policías, ministerios públicos y peritos compartir videos o fotografías de las escenas del crimen o de las víctimas. Pero el daño ya estaba hecho.

Tampoco es acertado que para “guardar” la identidad de los presuntos responsables del delito, se les medio tape el rostro sobreponiendo una cintilla negra. Cuando hay suficientes evidencias de su actuación, publicar su cara permite a muchas víctimas identificar a su victimario. Como decían las abuelitas “muy celosos de la honra y muy desobligados del gasto”, muy escrupulosos para respetar a los criminales, pero descuidados con las víctimas.

El otro extremo se da en Sonora, donde se legisla para desaparecer la información de la nota roja de los medios, por el prurito de las buenas conciencias para ocultar una terrible realidad: la violencia del crimen organizado como cotidianidad. Este recurso legaloide es un atentado a la libertad de expresión y ralla en un peligro mayor, crear -como lo hacen los delincuentes en muchas partes del país cuando atentan contra los periodistas-, zonas de silencio, es decir, los propios medios se autocensuran y dejan de publicar información sobre narcotráfico, crimen organizado, violencia política o de nota roja.

Por eso, un código ético del actuar periodístico en el caso de sucesos policiacos no puede venir del gobierno, sino de los propios medios de comunicación y establecer mecanismos de difusión sin recurrir a la filtración de evidencias, evitar el sensacionalismo o el amarillismo que fomenta el morbo de la gente, pero no informa. Este código ético, expresión de responsabilidad social, debe ser consensuado entre directivos y periodistas para tener verdaderos parámetros informativos y desechar la interpretación de los casos para adelantar sentencias. El periodista no es moderno Torquemada ni debe manipular a sus audiencias.


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/CR

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