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El Ágora

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Columnas lunes 26 de octubre de 2020 - 00:14

Por Octavio Campos Ortiz
Mando fuerte para la SSPC


Ante la salida del secretario Alfonso Durazo de la SSPC, el presidente de la República designará al nuevo titular para asumir el cargo a partir del 1º de octubre. El ungido puede salir de la propia Secretaría o de sus órganos desconcentrados, será una promoción casera. De los candidatos externos, el fuego amigo truncará sus aspiraciones. También se manejó la posibilidad de dar el mando a un militar, medida muy cuestionada por los enemigos de la militarización, más aún luego del affaire del general Salvador Cienfuegos; los círculos castrenses deseaban arribar a la Secretaría de Seguridad.

Será un civil quien coordine la estructura de seguridad pública del país y el secretario tendrá que negociar con el jefe del Ejecutivo Federal una nueva política pública de combate al crimen que, sin trastocar la estrategia nacional de combate al fenómeno delictivo, replantee la función administrativa y operativa de la SSPC.

Desde su origen, la SSPC adoleció de un verdadero marco legal y reglamentario que definiera con claridad las atribuciones del nuevo organismo. Con apenas 20 años de existencia, la institución nació gracias al debilitamiento de la Secretaría de Gobernación, a la que se le quitaron las tareas policiales. El responsable de la política interior del país y entonces jefe de gabinete perdió fuerza.

Se formó una Secretaría con estructura vertical y asumió en la práctica el control absoluto de la policía y de los órganos desconcentrados. Policía Federal, reclusorios federales y el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaban directamente al secretario. Especial atención merece el uso faccioso y político que imprimió el cuestionado Genaro García Luna, quien concentró poder y se conflictuó con el gabinete.
Efímera fue la vida de esa Secretaría -12 años-, ya que Gobernación reclamó el terreno perdido y regresaron las acciones policiales a Bucareli. Se desdibujó la estructura de la policía, se perdió el control de las cárceles y se cuestionó tanto el presupuesto que se asignaba a los estados como la veracidad de las estadísticas sobre delincuencia.

Con la actual administración se volvió a quitar el brazo represor al inquilino del Palacio de Cobián y se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Regresaron el personal y los recursos, pero diezmados. a las instalaciones de Constituyentes y se escribió otra historia.

La nueva administración, seguramente civil, respetará la estrategia nacional del combate a la delincuencia, pero debe evitar que la SSPC se convierta en una entelequia que no pueda devolver la paz y tranquilidad a los ciudadanos. Eso se logrará solo si se ejerce el mando real sobre la guardia nacional y los órganos desconcentrados.

La SSPC debe tener el control amplio y real de las fuerzas federales, manejar con disciplina y trasparencia los penales de máxima seguridad -hoy pareciera condenados a la extinción-, ejercer y auditar las participaciones presupuestales a los estados para que se apliquen exclusivamente en el ámbito de la seguridad, la capacitación y la compra de insumos policiales, así como devolver la credibilidad en las estadísticas de incidencia delictiva y evitar la danza de cifras que, sin rigor metodológico, utilizan las ONG`s y los politólogos para cuestionar las acciones del Estado.

Es tiempo de que el gobierno federal fortalezca a una institución diseñada para preservar la paz social y el orden público. Ello solo se logra si se fortalece el mando civil y se subordinan los órganos desconcentrados. No puede haber una política pública de seguridad si se pulveriza la función preventiva y el combate a la delincuencia. Hay talento y vocación en los servidores públicos de la SSPC, solo requieren de un liderazgo fuerte que los guíe para combatir la criminalidad y abatir la impunidad. México merece márgenes razonables de tranquilidad.


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/CR

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