En esencia las medidas cautelares que aplica el Instituto Nacional Electoral (INE) buscan evitar que se vuelva irreparable el daño causado por una acción irregular (cometida por partidos, militantes o candidatos) y le reste imparcialidad y equidad a la competencia política.
Sin embargo, no todas las medidas cautelares cumplen su cometido, porque en ocasiones el daño ya es irreversible o de plano se vuelve inútil la medida preventiva adoptada por la autoridad.
Es tema para estudiarse, para perfeccionar el trabajo electoral, para que tomen consciencia protagonistas, dirigentes y competidores, así como los responsables de hacer leyes, diputados y senadores. No hay que perder de vista que existe la intención de una nueva reforma electoral que, por ley, solo podría concretarse hasta después de los comicios de 2024.
Las medidas cautelares deben de ser oportunas y eficaces, para que no resulten fallidas.
Por ejemplo, el caso de la entrega del “bastón de mando”, el INE o su comisión de quejas y denuncias resolvió aplicar medidas cautelares, el retiro o eliminación de la propaganda sobre el acto, nada más que el efecto que pretendían los organizadores ya había sido conseguido: dejar en claro que de ahora en adelante en lo político-partidista manda Claudia Sheinbaum.
Algo similar pasó con el acto organizado para Xóchitl Gálvez en el Ángel de la Independencia. También hubo medidas cautelares cuando ya la oposición había alcanzado su objetivo: la entronización de la coordinadora y la difusión de dicha imagen dirigida a simpatizantes y
sociedad en general.
Nada nuevo, en procesos anteriores ha ocurrido algo similar.
En 2006, cuando todavía era IFE (no INE), el instituto nunca logró contener a quienes erosionaban principios de equidad e imparcialidad.
La mejor prueba de ello es que cuando la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó la elección presidencial, concluyó que el proceso estuvo en riesgo de ser anulado, por las intromisiones desde el presidente Vicente Fox para bajo.
La campaña negra en contra del candidato de oposición, etiquetado como un peligro para México, tuvo amplia difusión.
Consejeros y consejeras del IFE de entonces no pararon irregularidades. Los magistrados del tribunal tuvieron sobre su mesa un proyecto de anulación, por el cúmulo de infracciones y lo cerrado de las cifras entre el primero y segundo lugar, menos de un punto porcentual.
Finalmente optaron por validar la elección y declarar presidente electo al que oficialmente obtuvo más votos.
En la actualidad es evidente que las autoridades terminaron por doblar las manos ante la desbordante realidad; ansias de partidos y personajes políticos por anticipar la competencia.
Precampañas y campañas se adelantaron, con el consentimiento de todos, incluidos medios que también han hecho su parte al darle seguimiento y difusión a las diversas actividades.
Las medidas cautelares tienen como objetivo regular la participación en el proceso y de aplicarlas está encargado el instituto electoral, aunque a veces no logre el cometido para el que fueron creadas, como en los casos citados.
Por eso es que la simulación que ahora prevalece reclama nueva reforma electoral que ordene y haga efectivas las reglas.
@zarateaz1
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