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El espionaje en México

El espionaje en México

Columnas martes 27 de julio de 2021 -

José Narro Céspedes

Un Estado necesita la inteligencia para combatir la delincuencia (organizada, de cuello blanco) o por Seguridad Nacional, todo ello siempre en el marco de la ley, lo contrario puede ser calificado de espionaje.

Se denomina espionaje a la práctica de obtención de datos e información confidencial, en forma ilícita y encubierta y al conjunto de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos, de información confidencial o de cualquier género de secretos y cualquier actividad de espionaje, sin una previa autorización judicial, constituye un acto ilegal que atenta contra el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

Como señala el artículo 14 de nuestra Constitución, “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos”. Es decir, las labores de espionaje y vigilancia solo podrían que llevarse a cabo bajo estos principios y, de ninguna manera, con propósitos políticos u otro diferente al de combatir ilícitos.

Este miércoles Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se contrató el software Pegasus por el que pagó 32 mdd para efecto de espionaje telefónico. Pero la actividad de espionaje referida no fue lanzada contra los cárteles del narco, o para detener el flujo de dinero de las fachadas del crimen organizado, o para detener alguna incursión de algún grupo armado o algo que amenace la seguridad de México.

El gobierno priísta de Enrique Peña Nieto gastó el recurso del pueblo para espiar destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción que sólo en México, la lista constaba de 15.000 individuos, además de que apunta al desvío de fondos, donde el gobierno del PRI es acusado de ser cómplice de una maraña de compañías proveedoras de equipos de inteligencia y empresas fantasma, usadas indistintamente para conseguir contratos inflados y triangular dinero entre ellas.

Sergio Aguayo afirma que “en un país autoritario no hay controles sobre los servicios de inteligencia que viven en la sombra y que responden a las órdenes de personas o grupos motivados por intereses personales”, por lo cual pueden llegar a utilizar estas herramientas de seguridad para espiar a sus opositores.

Peña Nieto sólo redondeó un viejo sistema de control implementado por el viejo régimen, pues entre 1918 y 1922, Gobernación creó el Departamento Confidencial; luego el Departamento Confidencial se convirtió en la Oficina de Información Política y Social en diciembre de 1934, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.

En el gobierno de Manuel Ávila Camacho, esta dependencia cambió su nombre a Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, la cual continuaría hasta 1985, sin embargo desde 1947 le cedería sus tareas de espionaje a una nueva dependencia: la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Algo así como un FBI de huaraches”, habría dicho Alemán.

A partir de los años 60, gracias a la tecnología de Teléfonos de México, los agentes de la DFS podían escuchar las conversaciones telefónicas de hasta 117 personas al mismo tiempo. Los más vigilados eran el sindicalista socialista Vicente Lombardo Toledano, el periodista Julio Scherer y el líder opositor Heberto Castillo.

En el informe de 2006 de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), documentó cómo los agentes de la DFS eran expertos torturadores.

La DFS desapareció en 1985, durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, cuando se fusionó con el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales para crear la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional (DISN). Este último organismo desaparecería en 1989, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, para darle paso al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN).

A esta realidad, Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la presidencia afirmó que el CISEN, de la Secretaría de Gobernación, es más que nada una oficina de espías. Ellos son los responsables de las intervenciones telefónicas a activistas, opositores y periodistas. Por lo cual, desde entonces, prometió la desaparición del Cisen, lo cual hoy es una realidad. Hoy es un hecho que en gobierno de la 4T no hay espionaje ni a opositores ni a periodistas ni a empresarios.

Lo que hay de inteligencia tiene que ver con el combate al crimen, el deber y principal ocupación de todos los que estamos con la 4T es trabajar para la pacificación del país, el trabajo de los periodistas e incluso es de nuestros adversarios es vital para mantener viva a una democracia sana. Defenderemos siempre el derecho a estar en contra. No somos iguales, que quede claro.


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