El interés público por la salud del presidente

No hay una solución única ni definitiva cuando ambos derechos colisionan. Más bien es necesario abordar caso por caso para valorar los diversos elementos que entran en juego. Hasta ahora los datos sobre la salud de los presidentes mexicanos han gozado de la protección legal a la privacidad, avalada en múltiples resoluciones del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai, ahora Inai).

La información divulgada ha sido principalmente la que revelan la Presidencia o el mismo mandatario, como lo hizo el domingo Andrés Manuel López Obrador al informar en Twitter que enfermó de Covid-19. Lo mismo pasó cuando operaron a Enrique Peña Nieto de la vesícula (junio de 2015) y de un nódulo tiroideo (julio de 2013), a Felipe Calderón de la rodilla (agosto de 2016), a Vicente Fox, de la columna (marzo de 2003) y a Ernesto Zedillo, de la rodilla (julio de 1997). Siempre a través de comunicados oficiales.

Han sido infructuosos los intentos de medios de comunicación, organizaciones como Artículo 19, opositores políticos y ciudadanos en general por tener, a través del ejercicio del derecho a la información, acceso a sus respectivos expedientes clínicos, estudios o valoraciones físicas y psiquiátricas.

Al analizar un caso de 2004 en el que el Ifai confirmó la confidencialidad de la información sobre la salud del presidente Fox, la especialista en derecho a la información, Issa Luna Pla, concluyó, entre otras cosas, que “abrir información sobre el estado de salud de los presidentes o primeros ministros actúa como una política de control social y de contención de conflictos”.

Destacó que el instituto no puede continuar con un criterio fijo e irrefutable para argumentar principalmente a favor de la confidencialidad sin analizar el interés público de esa información, considerando que la enfermedad o riesgo de pérdida de la vida del mandatario claramente afectarían la gobernabilidad.

El Poder Judicial de la Federación ha establecido reiteradamente que el umbral de la privacidad, la protección de datos personales, la intimidad y el honor de los servidores públicos es mucho más reducido que el de cualquier otra persona que no sea figura pública. Reducido, más no cancelado, aun cuando sea servidor público o el presidente. Ni el acceso a la información ni la protección a la privacidad son derechos absolutos para nadie.

En tal sentido, el interés público sobre la salud del presidente no admite, por ejemplo, atender al pie de la letra solicitudes de información como la que le hicieron en octubre de 2019 cuya literalidad implicaba que se hiciera un examen de orina para responderla.

El derecho a saber sobre la salud del mandatario puede satisfacerse mediante una apertura proporcional de sus datos personales, considerando si el padecimiento tiene o no potencial impacto en su función pública, por ejemplo.

Entregar el expediente clínico, incluso en versión pública, no parecería mantener el equilibrio entre ambos derechos, pues consta, según la Norma Oficial Mexicana que lo regula, de mucho más documentos e información que no se relacionaría con el interés público.