El bono demográfico de personas jóvenes en México y en gran parte de los países de América, demanda la apertura de espacios de participación en donde las juventudes vean la oportunidad de realizar sus aspiraciones. Es una deuda histórica que, de solventarse, podría nutrir no solo nuestra democracia, también impulsaría un cambio cultural donde probablemente podrían consolidarse la cultura cívica y el respeto por los derechos fundamentales, que tanta falta le hace a nuestro país.
De acuerdo con el Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018, realizado por el Instituto Nacional Electoral, los jóvenes de 18 años participaron en 64.7 por ciento, superando la media nacional, mientras que de los 19 a los 34 años tuvieron uno de los índices de abstención más altos.
Este fenómeno que se repite constantemente es provocado, entre muchos otros factores, por la falta de identificación de las personas jóvenes con el sistema electoral, de ahí que resulte fundamental generar nuevas estrategias y regulaciones que permitan desarrollar una fuerte y arraigada cultura cívica en ellas.
Formar a las nuevas generaciones es una responsabilidad que también recae en las instituciones electorales, tanto a nivel federal como local, pues deben cumplir con la tarea de fortalecer el sistema democrático de participación ciudadana, con el objetivo de formar ciudadanos y aportar mediante acciones propias, al desarrollo del estado.
A la par, las instituciones del Estado deben cristalizar sus aspiraciones mediante la generación de espacios de participación, esparcimiento y preparación académica, entre otros. Asimismo, mediante la generación de resultados y beneficios directos para este sector tan importante de la población podrían acercarse a las personas jóvenes de entre 12 y 17 años a una verdadera toma de decisiones.
Por ello resulta necesario que las instituciones realicen investigaciones científicas sobre el comportamiento social, cultural y político de este importante sector, lo que nos permitiría a todas las autoridades, incluyendo las electorales, tomar mejores decisiones y canalizar esfuerzos para encontrar verdaderos espacios de desarrollo.
De ahí que, considere fundamental la formación de las juventudes en el ejercicio de sus derechos humanos, político-electorales, así como también de sus obligaciones, ya que esto nos permitiría construir el andamiaje de una sociedad más responsable, incluyente, participativa y que exija la garantía de éstos y, de manera paralela, fomente el desarrollo de nuestro país.
En el plano electoral, una juventud preparada e informada tendrá mayores capacidades para, por un lado, exigir a sus gobernantes y representantes el cumplimiento de sus promesas de campaña y, por el otro, participar de manera más activa en la propuesta de soluciones para los problemas y necesidades de sus comunidades. Escenario que debe servir para una futura reforma electoral.
Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
@MarthaMercadoRm