Gobierno de controversias

Entre las recientes están la reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, a la Ley de Hidrocarburos, la creación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la llamada ley Záldivar. Las que vienen: la acción de inconstitucionalidad que prepara el INE por la negativa del gobierno de entregarle recursos para la organización de la revocación de mandato y las acciones que preparan el INAI y los legisladores de oposición en ambas cámaras del Congreso de la Unión, por el acuerdo que declara de seguridad nacional las obras de infraestructura y proyectos del gobierno federal. No hablemos de los amparos que como tormenta han caído sobre las decisiones presidenciales y a las dependencias del gobierno federal.

¿Qué significa este frenesí de acciones legales contra el gobierno de AMLO? ¿Esta circunstancia atenta contra la estabilidad del país? ¿Cuáles podrían ser sus implicaciones en el corto o mediano plazo? Tres aspectos. Primero, López Obrador propone un cambio de régimen, no administrar el régimen. No es algo nuevo, lo dijo durante años desde la oposición, es lógico que desde la Presidencia impulse dichos cambios.

Segundo, cualquier persona o institución que considere que las decisiones del Presidente vulnera la Constitución o alguna ley, no sólo tienen el derecho, sino la obligación de recurrir ante el poder judicial. Tercero, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el amparo son las figuras que establece el Estado Mexicano, para salvaguardar el Estado de derecho y resolver los conflictos entre poderes o instituciones.

Dos cosas más. La oposición decidió como estrategia impugnar cada decisión presidencial. Se trata de un plan legitimo, pero con la franca intención de entorpecer por la vía legal el ejercicio del gobierno y detener los proyectos prioritarios, principalmente por la vía del amparo.

Por el contexto, las prisas o el tema, en algunos casos el Gobierno y en otros, junto con la mayoría del Congreso de la Unión, han aprobado reformas de dudosa constitucionalidad. Esto puede tener dos explicaciones. La primera, más allá de la legalidad en cada una de sus posiciones, el

Presidente quiere dejar muy clara su posición aunque la SCJN o los jueces reviertan sus decisiones. La segunda, la Consejería Jurídica de la Presidencia tiene un equipo débil, no sólo en su consistencia profesional, sino incapaz o temeroso de, con argumentos, hacer cambiar o robustecer algunas decisiones presidenciales.

Algo positivo de estas batallas legales es que al final, el Poder Judicial hace prevalecer el Estado de derecho y la paz. La política es de bronce.

@onelortiz