Josué Ángel González Torres*
En junio de este año se llevaron a cabo las elecciones más grandes de la historia del país con la votación de más de 19 mil cargos de representación popular. Pasados varios meses, los ganadores han tomado o están a la puerta de tomar posesión de sus cargos. Estos representantes populares definirán a sus equipos de trabajo y con ello el futuro del país en diferentes ámbitos.
De los quince gobernadores electos, tres entraron en funciones el último día de agosto, cinco lo harán en septiembre, cuatro en octubre y tres realizarán el juramento del cargo en noviembre. De la misma manera, en estos meses tomarán posesión más de 1,900 presidentes municipales a lo largo del país.
En seguridad, como en otros sectores, la definición de perfiles idóneos, especializados y con experiencia para la planeación y ejecución de políticas es una prioridad. La seguridad seguirá siendo fundamental en las agendas de gobierno y será el fiel de la balanza para definir el éxito o fracaso de las administraciones.
Es necesario deslindarse de prácticas muy arraigadas en estos días. Existen gobernadores que prefieren la inacción y la crítica a la federación, antes que hacerse ellos mismos responsables del combate al crimen organizado y de los delitos de alto impacto. La crítica al gobierno central no puede ser el eje de la política de seguridad de los gobiernos sub-nacionales.
Algo parecido sucede con algunos municipios que tienen una posición pasiva ante responsabilidades mayores, buscan hacerse cargo única y exclusivamente de delitos menores, tránsito y faltas administrativas. Un descargo de responsabilidad que se da en parte por la debilidad de las corporaciones, pero es necesario discutir si eso es justificable.
Por otro lado, es fundamental entender que no se trata únicamente de invertir en policías, cuarteles, tecnología o cámaras para resolver las problemáticas relacionadas con la incidencia delictiva y la violencia. Si la lógica fuera tan simplista, sería relativamente simple lidiar con estas problemáticas y no es así. Parte de los gobiernos locales sigue teniendo esta visión reduccionista.
Por ejemplo, la campaña impulsada por varios especialistas en semanas pasadas, para dar subsidios por 7 mil millones de pesos a las policías municipales es una causa justa, es importante, es defendible, pero no es suficiente. El axioma “a mayor dinero mayor seguridad” no es automático, y así ha quedado demostrado en el pasado.
Al día de hoy existen una gran cantidad de herramientas que deberían adoptarse por las corporaciones de seguridad en gobiernos sub-nacionales, pero que en México prácticamente no existen. Destaco únicamente dos temas. Primero, el plan de seguridad estatal o municipal. No es equivalente a un plan de desarrollo, que es una pléyade de buenos deseos, la mayor parte del tiempo, inalcanzables. Se trata más bien de un documento con diagnóstico, análisis, ejes de política, líneas de acción, mecanismos de evaluación y, por supuesto, que parta de un presupuesto realista. Es la visión factible de las condiciones integrales de seguridad en un lapso de tiempo determinado.
Segundo, es necesario que las dependencias de seguridad locales cuenten con áreas de análisis e inteligencia sólidas y, particularmente, que inviertan en los recursos humanos. Áreas con capacidad de reconocer patrones delictuales, con manejos básicos de datos e información, con posibilidad realizar documentos especializados y de prospectiva, de encontrar respuestas prácticas y comunicar resultados con metodologías de trabajo. Aunque parezca una obviedad, lo descrito es la excepción a la regla. Existen muy pocas áreas funcionales con personal especializado a nivel municipal e incluso en estados. En la metáfora del cuerpo humano, estas áreas serían equivalentes al cerebro. Si no se cuenta con uno, las consecuencias se explican por sí mismas.
Esperemos que los nombramientos den prioridad a los perfiles técnicos antes que designaciones políticas, de amiguismo o algunos otros factores ajenos al objetivo central. Esto último causa una gran afectación a las instituciones y a la sociedad.
* Doctorante en ciencia política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00